'A mi padrastro lo encontraron al lado de la casita con la cabeza degollada, tenía en el pecho las iniciales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a mi mamá también la mataron y la violaron. El que avisó de la muerte de ellos fue mi hijo, que tenía cuatro años'.
Sin dar tantos rodeos en el tema, Diaciris Liliana Pérez Pastrana, de 31 años, empezó a relatar lo que fue el día 'más difícil de mi vida'.
Once años después de la trágica muerte de sus padres, Manuel Francisco Pacheco (padrastro) y Ana Joaquina Pastrana Erazo, regresó a su casa, ubicada en la vereda Casa Blanca del municipio de Tubará, Atlántico, donde ocurrieron los hechos. Con un rostro cargado de tristeza llegó al lugar donde los asesinos dejaron marcas de sangre.
'Entro porque estoy acompañada. Ese día, 18 de junio de 2005, en los árboles se veían las manos pintadas y en el jagüey enjuagaron todo', dijo la mujer con voz quebrada. Ayer se encontró con quienes fueron sus vecinas, las mismas que dejaron sus parcelas cercanas a la de Pastrana Erazo, por temor a ser las siguientes víctimas de las AUC.
Sin embargo, el panorama empezó a cambiar después de tantos años de dolor.
Su regreso coincidió con la notificación que recibieron de parte de la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura.
'Hoy (ayer) se les está notificando la decisión que tomó la entidad de ingresar su solicitud y sus predios al Registro Único de Predios Despojados y Abandonados', explicó Ela Cecilia del Castillo, directora territorial Magdalena- Atlántico de la Unidad de Restitución.
En este proceso se ven beneficiadas quince mujeres lideresas, que anteriormente también habían sufrido desplazamientos en otros puntos de la región Caribe.
'Son personas desplazas de otros departamentos', dijo Del Castillo. Explicó que llegaron al predio 'en la época del presidente Pastrana y le entregaron 100 hectáreas en usufructo'.
En 2006 el extinto Incoder las benefició como propietarias del terreno.
No obstante, el doble asesinato de la pareja de parceleros afectó la producción de cultivos que existían en el momento, pues el temor hizo que abandonaran el lugar. 'Este predio se deterioró y luego empezaron a retornar, pero no al 100%. Actualmente viven en hacinamiento, ocupando alrededor de 200 metros cuadrados', reconoció la directora.
Por ahora, dentro del proceso, el paso a seguir 'es llevar el caso hasta una instancia judicial, pero el prerrequisito es que inicialmente debe inscribirse el terreno en el Registro Único de Predios despojados y abandonados forzosamente', admitió.
Consciente del paso que han dado en el proceso, Diaciris Pérez recorre cada espacio de lo que en algún momento fue la casa de sus padres y su hijo Samuel. 'En ese momento trabajaba en una casa en Barranquilla. Me llamaron a contarme y me vine enseguida', explicó.
Hoy admite que espera respuesta para volver pronto, resolver su futuro y el de su hijo. Por ahora sigue trabajando con apoyo de una psicóloga. 'No me gustaba vivir cerca de donde ocurrió todo. Ahora vivo en Soledad, haciendo limpieza en casas y vendiendo pescado los fines de semana', señaló.
Esta víctima espera recibir más apoyo del Estado y tener casa propia, que, asegura, 'es lo que más he padecido', y sueña con ser vigilante. 'Siempre me ha gustado. Quisiera hacer el curso, pero no tengo cómo'. Mientras tanto, confía en que el tiempo siga sanando el dolor para volver pronto a su tierra.
