Un informe de la Secretaría de Salud del Atlántico que reveló en 2015 la contaminación en alimentos escolares en más de 70% de los planteles educativos analizados, fue el detonante para que la Procuraduría decidiera esta semana investigar al exviceministro de Educación Luis Enrique García, por supuestas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Atlántico.
En el estudio, dado a conocer públicamente por EL HERALDO, fueron tomadas 210 muestras entre mayo de 2014 y mayo de 2015, a los alimentos, en 31 instituciones educativas del sector público, 55 hogares comunitarios y 8 Centros de Desarrollo Infantil. Los resultados arrojaron la presencia de hongos, y coliformes totales y fecales, entre otras bacterias que 'afectaban la integridad de los jóvenes'.
La responsabilidad del PAE en ese momento era del Ministerio de Educación, el cual contrató, por $12.871 millones, a la Unión Temporal Alimentar 2015, integrada por la Fundación Enlace (Fundaenlace) y la Cooperativa de Servicios Generales La Heroica (Cooseheroica), representada legalmente por Alejandro Hernández.
Además del ex viceministro García, el Ministerio Público informó que el proceso disciplinario también cobija a Martha Elena Herrera, en su calidad de subdirectora de permanencia y supervisora del citado contrato, y Luz Karime Jaimes Bonilla, subdirectora de contratación del Ministerio de Educación Nacional para la época de los hechos.
Deficiencias
Para Carlos Prasca, secretario de Educación de la Gobernación en el periodo 2012 – 2015, esta investigación no sorprende, pues cree que 'una supervisión hecha desde Bogotá a un programa que operaba en el departamento siempre iba a mostrar deficiencias'.
El exfuncionario recordó que mientras estuvo en ese cargo le insistió al Mineducación que 'el departamento 'no podía asumir la responsabilidad del PAE', por encontrarse en desacuerdo con la tabla de valores fijados por ración de merienda y almuerzo, que eran de unos $900 y $1.300 respectivamente. Además, dijo, advirtieron que la infraestructura física en muchos colegios carecía de comedores escolares y de condiciones aptas para el almacenamiento de alimentos en estos lugares.
'Hay muchas deficiencias en los colegios, pues la infraestructura física nunca contempló los comedores escolares. Muy pocas instituciones en los últimos años hicieron modificaciones, aunque eso se ha venido corrigiendo y ahora no hay colegio que se construya y que no tenga comedor y cocina con elementos adecuados para procesar lo alimentos', explicó Prasca.
Las mencionadas deficiencias en el PAE también han sido documentadas por y advertidas por la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que llamó la atención sobre por una 'falta de articulación entre las entidades territoriales' y exigió un plan de seguimiento de la interventoría.
El presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Amylkar Acosta, indicó que aunque 'el dedo acusador siempre apunta a los gobernadores', en 16 de los 32 departamentos el PAE ha estado a cargo del MEN, que ha tenido a su cargo la contratación, las auditorías y la supervisión. Por esto, puntualizó en que 'a la hora de buscar responsables el MEN no puede eludir la suya'.
'La ministra (Gina Parody) ha querido hacer parecer en que son hallazgos del MEN, pero en realidad se ha apoyado en los que han hecho los organismos de control. Aquí no solo han fallado los operadores, sino la interventoría del MEN y la supervisión. Porque estas dos cuestan, y todo hace pensar que esa platica se perdió', dijo Acosta.
El exsecretario de Educación del Atlántico coincidió en que la supervisión del contrato y la interventoría eran responsabilidad del Gobierno Nacional. Sin embargo, afirmó que el departamento 'prestaba personal' para realizar actividades, como unos comités de seguimiento a al programa.
Prasca comentó que cuando la Contraloría hizo la auditoría y expidió un documento con una serie de hallazgos en la contratación, en la que señalaban al Ministerio de Educación, 'sabía que iba a derivar una investigación'.
'Nosotros pudimos conocer, en siete meses de contratación, de tres veces en las que vimos a funcionarios indagando cómo se estaba ejecutando el proceso (del PAE). En estas visitas les dimos a conocer observaciones que habíamos encontrado sobre el contratista o la operación del mismo', expresó.
Dificultades
Según el exfuncionario, 'todos los colegios' donde había operación del PAE 'tenían dificultades', las mayores - contó - con respecto al gramaje de la minuta. Además, reveló que, por ejemplo, los alimentos 'estaban contratados para 1.800 estudiantes y en los primeros días (del contrato) le daban solo a 600 alumnos'.
Aseguró que tuvieron que comprar menaje, y estimular a los colegios para que contribuyeran con elementos para dotar los comedores. A criterio de Carlos Prasca, el contratista 'mostraba voluntad, pero con los dineros que recibía no podía cumplir con todas las acciones que requería la operación de esta dimensión'.
EL HERALDO se comunicó con la oficina de comunicaciones del viceministerio de Educación y respondieron que en los 'próximos días' habrá una nueva audiencia en contra de la Unión Temporal Alimentar 2015, en la cual estarán determinando si hubo o no incumplimiento del contrato. Si la respuesta es positiva, las sanciones podrían ser de tipo económico y llegar hasta el 10% del valor contratado, que, en este caso, representa a $1.287 millones.
