La Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, abrió 99 procesos sancionatorios contra cinco empresas de telecomunicaciones que operan telefonía móvil y otros servicios por no tener licencias de instalación.
Estas empresas no cumplieron los plazos otorgados para reportar la infraestructura con la que trabajan, tal como lo exige el Plan de Ordenamiento Territorial.
Así lo reveló el titular de ese despacho, Henry Cáceres Messino, quien explicó que las actuaciones administrativas se iniciaron con base en un informe de la Secretaría de Planeación Distrital, sobre el incumplimiento de los plazos que el Distrito había fijado mediante los decretos 0559 del 29 de septiembre de 2014 y 0297 del 5 de mayo de 2015, para que las empresas de telecomunicaciones que tengan instaladas antenas y otro tipo de infraestructura acataran las nuevas normas, principalmente la que ordena el desmonte y/o la reubicación de esas estructuras hacia ciertas zonas del espacio público.
La Secretaría de Control Urbano abrió inicialmente 119 autos de averiguación preliminar contra los operadores Tigo, Claro (antes Comcel), Une, Avantel y DirecTV, así como a los propietarios de los inmuebles donde están instaladas las antenas sin permisos.
Una vez terminada la averiguación preliminar, fueron archivados 20 procesos, debido a que los representantes jurídicos de las empresas operadoras probaron la existencia de licencias o autorizaciones otorgadas para la instalación de antenas en esos casos.
Pliegos de cargos
Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los otros 99 autos de averiguación para los cuales se dispuso seguir procesos sancionatorios y se expidieron pliegos de cargos.
Los términos de notificación comenzaron a vencerse desde el pasado miércoles 18 de mayo, sin que ninguna de las presuntas infractoras respondiera los pliegos. Tampoco solicitaron práctica de pruebas.
Según Paola Serrano, asesora jurídica de la Secretaría de Control Urbano, a partir de esta semana comenzarán a expedirse los autos de traslado para la presentación de alegatos por parte de las empresas investigadas, para lo cual tendrán un término de diez (10) días hábiles.
La funcionaria estima que si los términos de ley se cumplen de acuerdo con el cronograma trazado por el equipo jurídico de la Secretaría, las sanciones se deben proferir a finales de Julio próximo.
Serrano explicó que de los 99 procesos sancionatorios, 33 corresponden a antenas que ocupan espacio público, al parecer, sin licencia y 69 a estructuras instaladas en predios privados, principalmente en azoteas de edificios o lotes adecuados en zonas residenciales.
De los 99 casos investigados, 46 corresponden a Tigo, 27 a Claro (antes Comcel), 12 a Movistar, 9 a Une, 3 corresponden a DirecTV y 2 corresponden a Avantel.
Las sanciones
Las empresas de telecomunicaciones que resulten responsables de los cargos imputados recibirán sanciones contempladas en la ley.
La norma indica que en cada caso de antena o estructura similar que esté instalada sin licencia o autorización en áreas de espacio púbico o que ocupen con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o construcciones, los parques públicos, zonas verdes o demás bienes de uso público, la empresa propietaria recibirá multas sucesivas que oscilarán entre doce (12) y veinticinco (25) salarios diarios vigentes por metro cuadrado de intervención u ocupación, sin que en ningún caso la multa supere los cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Esto quiere decir que las firmas investigadas podrían recibir una multa de hasta 275 millones 781 mil pesos por cada antena ilegal que tenga instalada en el espacio público o en un bien de uso público.
Además, la empresa quedará obligada a desmontar o reubicar la antena en zonas donde el POT lo permita, y restituir los elementos del espacio público o bienes de uso púbicos afectados.
Para el caso de las antenas instaladas en predios privados, que estén utilizando un inmueble con un uso diferente al señalado en la licencia o que incumpla las normas urbanísticas sobre usos específicos del suelo, la ley señala que podrán recibir multas sucesivas que oscilan entre ocho (8) y quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes por metro cuadrado de intervención sobre el suelo o por metros cuadrados de construcción, según sea el caso, sin que en ningún caso la multa supere los doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Esto equivale a pagar una multa hasta por 137 millones 890 mil pesos por cada antena ilegal instalada en predio privado o particular.
Lo que ordena el POT
Los procesos administrativos contra las empresas de telecomunicaciones tomaron fuerza a raíz del incidente ocurrido en febrero de 2015 cuando una antena de siete metros de altura, de la empresa Claro, cayó desde la azotea de un edificio de apartamentos sobre el techo de una casa contigua en el barrio Paraíso, en el norte de Barranquilla.
En ese momento se anunció la expedición de una orden para que todas las empresas de telecomunicaciones en la ciudad desmontaran las antenas instaladas en las azoteas de los edificios residenciales porque así lo ordena el Plan de Ordenamiento Territorial.
El POT fijó una regulación sobre la localización, mantenimiento y desmonte, altura, protección a la población, requisitos y hasta sanciones urbanísticas contra las empresas de telecomunicaciones en caso de incumplimiento.
Esta norma regula la instalación de estructuras de telecomunicaciones, que deben realizarse de manera directa el prestador del servicio, bajo el control y seguimiento de la Secretaría de Control Urbano.
El POT señala además que las estructuras de soporte —bien sea torres, postes, luminarias o estructuras similares—, además de usar el espacio público, constituyen parte del mobiliario urbano propiedad del Distrito de Barranquilla. Por consiguiente, al ser un bien público al servicio de las empresas de telecomunicaciones, estas deben pagar una retribución por el uso que hagan de dichas estructuras.
Dice Distrito: Faltan más reportes
El Decreto 0559 del 29 de septiembre de 2014 dispuso el levantamiento de un inventario completo de las estructuras de redes de telecomunicaciones en Barranquilla. Con esto, la Alcaldía busca realizar un levantamiento de planos de localización de todos los sistemas receptores y transmisores de señales móviles, postes y estructuras complementarias para ser incorporado en la cartografía oficial del Distrito, para fines de control.
La cifra que siempre se maneja en las reuniones entre funcionarios de la Alcaldía y las empresas de telecomunicaciones, a partir de la entrada en vigencia del nuevo POT, es de 400 antenas en toda la ciudad, pero se cree que la cifra es mayor.
