El camino de regreso a casa en Colombia para quienes han sido despojados o ahuyentados de sus tierras, en muchas ocasiones, resulta ser un completo riesgo para sus vidas. La Región Caribe no es ajena a esto, prueba fehaciente de la violencia que los asecha son las 75 personas amenazadas de muerte o con atentados en su contra y las otras 21 asesinadas entre 2011 y marzo de 2015, registradas por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
A partir de la expedición de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras), departamentos como Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena, en la Costa, fueron apareciendo entre los que más hechos de violencia presentaron por pleitos de tierras.
Pero las peleas por este asunto trascendieron la semana pasada del campo a las esferas políticas, con unos choques que pusieron de un lado al procurador general, Alejandro Ordóñez, y al presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie; y del otro al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y al senador Iván Cepeda, quien alcanzó a señalar una presunta 'estrategia antirrestitución' que estaría promovida por Ordóñez y Lafaurie.
Y es que el plan de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras de devolverle sus propiedades a quienes las perdieron en medio del conflicto armado aún tiene mucha tela por cortar en el país, y más concretamente en el Caribe. En esta zona aún hay 25.721 solicitudes de devoluciones para 20.258 predios, reclamados por 19.769 personas, según la Unidad. En cuanto a las reclamaciones que ya cumplieron el ciclo del trámite de devolución de las tierras, el reporte asciende a 14.431 en la Costa norte colombiana.
La idea de una supuesta 'estrategia antirrestitución' advertida por el senador Cepeda es apoyada por algunas víctimas y líderes de procesos de recuperación de tierras, aunque, por otra parte, hay quienes descartan que tal movimiento exista como algo planeado por una organización.
SOBREVIVIENTE. Andrés Narváez es un reclamante de tierras en Sucre que sobrevivió y ahora cuenta su drama, uno que empezó en 2002, cuando la violencia lo obligó a huir de la finca La Europa, y que lo tuvo al borde de la muerte en julio de 2014, tras su retorno. Narváez cuenta que al salir de su parcela, ubicada junto a la Troncal del Caribe, en Ovejas, Sucre, llegó un capataz de la empresa (Arepas Don Juancho) que estaba en disputa por el predio que él aún reclama.
Andrés narra que el haber instalado una puerta en la entrada principal de la finca, argumentando razones de seguridad, causó el desagrado de su agresor. 'Te voy a matar', fue lo último que escuchó de boca del capataz, quien enseguida sacó un arma de fuego y le dio cuatro balazos: dos en el pecho y dos en las manos.
Narváez sostiene que esta no fue la única agresión recibida por él o las 82 familias campesinas que presentaron su reclamación sobre La Europa ante la Unidad de Restitución. Según su relato, respaldado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en su proceso de retorno voluntario, estas personas han tenido que enfrentar numerosas agresiones anteriores, incluyendo un asesinato, quema de viviendas, destrucción de cultivos, amenazas de muerte y señalamientos y hostigamientos permanentes.
'Tengo un problema grande con lo del atentado. El tipo está suelto, porque dilataron el proceso y se vencieron los términos, y ahora siempre hay un hostigamiento. Voy a tener que salir del país', advierte Andrés Narváez, quien cree que 'sí existe' un ‘plan antirrestitución’ de tierras.
Ingrid Vergara, vocera del Movice capítulo Sucre, considera que tal estrategia 'es cierta'. 'Escuchar al procurador, a Lafaurie, mirar que hay una marcha del Centro Democrático en la que hay camisetas de gente que con emblemas como ‘No a la restitución’ y ver los paros armados, nos dicen que hay un interés de un sector en Colombia de no restituir la tierra porque les afectan sus intereses', puntualiza.
De las 75 personas amenazadas y las 21 asesinadas por procesos de tierras en la Costa, 30 casos de intimidación y 4 de homicidios ocurrieron en Sucre entre el 2011 y marzo de 2015, de acuerdo con datos del Cinep, a través del Observatorio de la Restitución de la Tierra.
Otro de los departamentos que ha registrado casos de violencia en el Caribe es el Magdalena, donde alertaron otro modus operandi. La Corporación Jurídica Yira Castro, dedicada a la defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos, denunció que entre finales del 2006 y enero de 2007, los campesinos regresaron 'voluntariamente y sin ningún acompañamiento institucional' a la vereda La Pola, en el municipio de Chibolo.
Allí –según el relato– encontraron que sus tierras estaban ocupadas por terceros, que habían sido llevados por los paramilitares, o bien por los mismos comandantes paramilitares, tal es el caso de La Palizúa, zona en la que hacía presencia Augusto Pacheco, alias Tuto Castro.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, criticó que desde que entró en vigor la Ley 1448 en el país ha habido un proceso de 'criminalización y de persecución' de los reclamantes de tierras, ejemplo de esta situación, mencionó, es el caso de la hacienda La Europa, una de las fincas de mayor extensión en Sucre con 1.321 hectáreas.
'Campesinos de Montes de María han recibido amenazas. La población del Carmen de Bolívar, y todo el comité de víctimas, han tenido que exiliarse por esta situación. En Cesar también hemos visto la aparición de una estructura que se hace llamar el ‘Ejército Antirrestitución’', indicó, haciendo referencia a un grupo armado que registró desde 2012 actividades intimidatorias por tierras en territorios como Nariño, Cesar, Sucre, Antioquia y Bolívar.
NO ES UNA ORGANIZACIÓN. Pese a estas denuncias, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a EL HERALDO que los crímenes y amenazas en contra de esta población campesina 'no obedecen a ninguna organización nacional que esté dedicada a, desde la ilegalidad, evitar la restitución'. A su criterio, estos casos tienen relación, más bien, con 'intereses locales y regionales' sobre predios específicos.
El Ministro asegura que van 'avanzando bien' en la política de devolución de tierras, aunque – reconoce - hay 'algunas zonas' del país en donde todavía la existencia del conflicto 'dificulta el proceso'. 'Por eso tenemos una política de protección a muchos líderes, a través de la Unidad de Nacional de Protección (UNP). Lamentablemente se han presentado no solo amenazas sino asesinatos de algunas personas asociadas al tema de tierras, pero tenemos que tomar todas las medidas para que no se vuelva a repetir', enfatizó Cristo.
El ministro del Interior también admite que la restitución tiene 'enemigos en la ilegalidad o contradictores, por ponerlo en un mejor termino en la legalidad'. Señala que hay a quienes 'no les gusta' la política de restitución, y quienes 'no consideran que se deba avanzar tan rápido' en esa materia. 'Nosotros los respetamos, pero de ahí a que haya una organización nacional dedicada a atentar contra ellos, no', puntualizó.
En el país, actualmente hay 21.000 personas que volvieron a sus tierras con proyectos productivos, lo que representa más de 200 mil hectáreas de tierras restituidas, según reportó el mininterior. No obstante, el funcionario advirtió que en manos de jueces hay una cantidad de procesos pendientes de fallar, y que por eso es la 'andanada de las últimas semanas' en contra de este tema. 'En los próximos meses tendrían que resolverse los procesos de más de 500 mil hectáreas en Colombia', dijo.
La subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Alcelis Coneo, lamentó los episodios de violencia mencionados, pero resaltó que entre las personas a quienes les han resuelto los procesos de regresar a sus predios 'ninguno ha sido afectado en su vida e integridad'. Reportó que en más del 80% de los casos las personas están 'gozando de sus terrenos'.
La funcionaria de la URT no reconoce la existencia de un grupo ‘antirrestitución’. 'Podrá haber inconformidades de algunas personas, pero la restitución es contundente frente a esos escenarios'.
Coneo señaló que este tipo de procesos de restitución puede generar 'lagunas inconformidades' de quienes abusaron y actuaron de manera ilegal. Sin embargo, aseguró que por esto tienen unos planes articulados con la Unidad Nacional de Protección, Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para que 'inmediatamente' se prendan las alertas y se pueda investigar los casos, al igual que la activación de las medidas de salvaguarda de la UNP con los amenazados.
Lo que activó la polémica. A comienzo de este mes, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, se reunió con más de 2.000 productores de diferentes partes de la Costa Caribe, en Sabanas de San Ángel, en el Magdalena. Ese día, Ordóñez aseguró que llegó hasta esa población 'para advertir y señalar riesgos' en la política de restitución. Dentro de su discurso, el procurador aseguró que: 'No se pueden confundir a opositores de buena fe con victimarios. La intención de la Ley fue sana, pero no se previó eso y se han cometido muchas injusticias y la paz debe ser fruto de la justicia. Si no hay justicia habrá escenarios de violencia'. Otro de los detonantes de la polémica fue que Ordóñez y el presidente de Fedegán, José F. Lafaurie, citaron a funcionarios del Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras para trasmitir el mensaje que los ganaderos no estaban dispuestos a ceder ni un palmo de sus fincas por orden de una ley que está hecha, según afirmaron, a la medida de las Farc. El presidente Juan Manuel Santos también intervino en la discusión exigiendo que no se usara la restitución para fines políticos y condenó la 'estigmatización de las víctimas como guerrilleros'.
Análisis del Cinep sobre los procesos y sus tiempos
Un informe del Observatorio de la Tierra en Colombia del Cinep arrojó que durante los tres primeros años de implementación de la Ley 1448 de 2011, las sentencias expedidas en la Región Caribe se concentraron en cuatro zonas macrofocalizadas: en la macrozona de los Montes de María, con sentencias en los departamentos de Bolívar y Sucre; en las macrozonas de Magdalena-Cesar y Magdalena-Medio, cubriendo los departamentos de Cesar y Magdalena, y en la macrozona del Sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño, para el departamento de Córdoba. A su vez, y a pesar de haberse microfocalizado 28 municipios dentro de estas macrozonas, hasta diciembre de 2014 solo se emitieron sentencias en 17 de ellos.
El total de sentencias en los 17 municipios con intervención fue de 159, emitidas en 12 Juzgados Civiles del Circuito y dos Tribunales Superiores del Distrito. En los Juzgados se fallaron 96 sentencias, y en los Tribunales, 63. En todos los departamentos estudiados los promedios de duración de los procesos judiciales superaron el plazo de cuatro meses establecidos por el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.
A pesar de que en el Magdalena se presentaron solo dos oposiciones, fue el departamento en el que más tardaron los procesos con un promedio de ocho meses. Córdoba en cambio, con 12 oposiciones, fue el departamento en el que menos tardaron los procesos, con un promedio de cinco meses de duración.
El Tribunal de Antioquia, que resolvió solo 12 de los 63 procesos con oposición en la Costa Caribe, tardó menos resolviendo los procesos que el Tribunal de Cartagena,
al que se envió el 80% de procesos con oposiciones durante el periodo analizado, de predios ubicados en Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre.
Hostigamiento a comisión
Entre los casos recientes de violencia contra el proceso de devolución de predios en la Región Caribe estuvo uno ocurrido en Cesar en septiembre pasado.
Cuando realizaban labores de georreferenciación para la identificación de predios en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar, funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) fueron hostigados a tiros por desconocidos a la altura de la vereda Carrizal. El hecho se presentó a pesar de que la comisión iba escoltada por un grupo del escuadrón móvil de carabineros de la Policía Nacional. El mencionado ataque impidió que se cumpliera la misión de la Unidad de Tierras e hizo que la suspendieran mientras garantizaban la seguridad en la zona donde la unidad trabaja en procesos de recuperación de predios que fueron abandonados o despojados en el marco del conflicto armado en este territorio.
