Ante el decreto firmado por el Gobierno Nacional de reducir a cero los aranceles de ciertos productos importados, como el frijol, ajo, lenteja y aceites, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) manifestó su desagravio y considera que la medida frenaría la productividad del sector agroindustrial.
La norma exime de arancel de importación, a estos productos, durante los próximos seis meses. Esto con el fin de combatir la inflación en los alimentos, que para enero subió 2,82% y en lo corrido de 2015 fue de 12,26%.
Fedepalma rechazó la medida puesto que 'impacta negativamente a la agroindustria y en particular a las comunidades palmeras, que se caracterizan por estar ubicadas en zonas vulnerables, algunas de ellas de sustitución de cultivos ilícitos y con baja presencia del Estado', manifestó Jens Mesa Dishington, presidente de la Federación.
El dirigente explicó que dicha medida tendría un impacto negativo de 13% en los ingresos del sector, y que estima estar alrededor de $220.000 millones en los próximos seis meses. 'En un momento en el cual muchos productores se han visto fuertemente impactados por el Fenómeno El Niño, que ha reducido la producción en algunos casos hasta en un 40%, sin contar con la ayuda del Estado para contrarrestar estos impactos económicos', reveló.
De acuerdo a informe de la Fedepalma, el sector afronta graves problemas fitosanitarios, como el causado por la enfermedad de la pudrición del cogollo, la cual arrasó con toda el área sembrada en Tumaco, 35.000 hectáreas, y otra cifra similar en Puerto Wilches, Santander y Cantagallo en el sur de Bolívar, deteriorando y afectando la economía y las condiciones sociales de los pobladores de estas zonas.
'Reducir a 0% el arancel para los aceites y grasas desde todos los orígenes, resulta excesivo e innecesario, máxime si se tiene en cuenta que los aceites y grasas apenas participan con el 1% dentro de la inflación total', agregó Mesa Dishington, quien también argumenta que la decisión cambia las reglas que se establecieron en el mercado productivo.
Ante esto, Rafael Mejía López, presidente de la sociedad de agricultores (SAC), manifestó que 'de no tener un buen control a la medida que quita el arancel, las ganancias serían distribuidas en los comercializadores y no llegarían al consumidor final y en últimas la inflación'. Para la SAC resulta cuestionable la medida de controlar el alza de precios vía disminución de aranceles, teniendo en cuenta que la reducción puede perderse en la cadena de distribución y convertirse en una simple trasferencia de rentas del sector agrícola a los otros eslabones de la cadena.