La decisión del Concejo de Barranquilla de aprobar el proyecto por el cual se establece el impuesto a los servicios de telefonía y la posterior sanción del acuerdo por parte de la exalcaldesa del Distrito, Elsa Noguera, no ha estado exenta de reacciones, unas a favor y otras que se oponen a la medida.
En ese sentido, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), entidad que representa a los operadores de telecomunicaciones móviles Claro, Tigo-Une y Movistar, expresó su preocupación por la 'ilegalidad' que implicaría el acuerdo sancionado por la Alcaldía Distrital, el cual será cobrado a los usuarios del servicio en la ciudad.
A través de una carta enviada el 23 de diciembre del año anterior al entonces presidente del Concejo de Barranquilla, Carlos Rojano, Asomóvil 'puso en conocimiento los antecedentes de decisiones judiciales que decretaron la ilegalidad de normas locales similares en las que este tipo de iniciativas quedaron sin efecto', aludiendo al caso ocurrido años atrás con el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Con el propósito de buscar alternativas a la situación, el gremio representante de los operadores de telefonía móvil ha declarado su 'voluntad de trabajar con el Distrito' para mantener una óptima prestación de los servicios de comunicación móviles a los usuarios sin recurrir al cuestionado gravamen.
'Si bien se entiende la necesidad de ingresos adicionales para la ciudad, también se considera de la mayor importancia que las normas locales respeten los precedentes judiciales y vayan en consonancia con la leyes, decisiones, programas y metas de las autoridades nacionales', afirmó la asociación.
De la misma manera, Asomóvil señaló que el impuesto simboliza un 'obstáculo' para el uso habitual de un servicio que, actualmente, es 'indispensable para el bienestar y progreso de la gente'. La agremiación afirmó que estos argumentos también fueron enviados al despacho de la Gobernación del Atlántico.
Objetar acuerdo
David Luna, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, envió la semana pasada una comunicación a la saliente alcaldesa del Distrito en la cual le pide objetar el acuerdo que da lugar al gravamen para los servicios de telefonía fija y móvil para usuarios del Distrito.
La misiva llegó después de conocerse que la exmandataria de los barranquilleros sancionó el acuerdo aprobado por el Concejo. Dicho tributo se encuentra vigente desde el 29 de diciembre de 2015 mediante Acuerdo 019.
Entre los argumentos expuestos por el ministro Luna a través de su cuenta de Twitter, se encuentra que 'la facultad de creación de los impuestos está en cabeza única y exclusivamente del legislador y el Congreso de la República no ha creado dicho tributo y mal hace el Concejo Municipal en crearlo y exigir su cobro'.
El concejal del Distrito, Ernesto Aguilar (Partido Liberal), afirmó que existe un clamor ciudadano debido a la aparición de un nuevo impuesto. Declaró que en el territorio nacional se vive un difícil momento en materia económica y, por esa razón, no ve con buenos ojos la implementación de una nueva carga económica para los barranquilleros.
Aguilar, quien vive su primera experiencia como miembro de la corporación, expresó que la determinación debe ser revisada por el nuevo cuerpo colegiado. 'Sobre las apelaciones que hacen otros concejales para cuidar los parques, creemos que es una buena iniciativa porque sabemos que la manutención es importante, pero no podemos generar más cobros a los ciudadanos', añadió.
Asunto de Autonomía
Fidel Castaño, gerente de Gestión de Ingresos del Distrito, manifestó que el ministro Luna solicitó la objeción del acuerdo con 'un solo argumento', aludiendo a la ilegalidad señalada por el miembro del gabinete del Gobierno Nacional.
'Dice que los municipios no están autorizados para cobrar el tributo. Nosotros tenemos total seguridad de que el Distrito presentó al Concejo un proyecto de acuerdo con suficiente análisis de por qué es legal', replicó.
De acuerdo con Castaño, la tarifa del impuesto para la telefonía domiciliaria –ver infografía- que establece el acuerdo en el estrato uno es de 500 pesos mensuales. Para el estrato 2, $1.000; el 3, $1.500; el 4, pagará $3.000; el 5, $7.000; el 6, $10.000 y los no residenciales (industriales y comerciales), $12.000.
Entretanto, el nuevo presidente del Concejo Distrital, Juan Carlos Ospino, sostuvo que no podría esperar una postura distinta de Asomóvil, pues afirma que existe una 'conspiración' entre la agremiación y el ministro Luna para 'hacer el mandado' a los operadores de telefonía y torpedear la iniciativa.
Así mismo, advirtió que al ciudadano lo que le interesa es ver los resultados de los recursos invertidos. Para él, la claridad en el manejo de los tributos es incuestionable y sugirió a quienes se opongan a la materialización del proyecto que utilicen las vías jurídicas que la Constitución permita.
