Una delegada de la Alta Consejería presidencial para los derechos humanos hizo presencia ayer en el territorio El Mirador, para verificar si en la diligencia de desalojo, que se realizó los pasados días 10 y 9 de diciembre, se presentaron o no irregularidades.
Para el Gobierno Nacional cobra especial interés la situación debido a que 23 familias víctimas del conflicto armado están asentadas en una franja de tierra conocida como El Mirador. Ese predio, junto a otros tres llamados Granja Catalina, Betjala y Campo Natacha, conforman El Tamarindo, ubicado en la vía La Cordialidad entre Barranquilla y Galapa. En el sector funciona la Zona Franca Internacional del Atlántico (Zofia).
Los desplazados acordaron con el propietario, Inversiones Agropecuarias Los Turpiales SAS, un plazo hasta el 18 de diciembre para ir sacando sus cosas del predio. El pacto tuvo la mediación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
Una abogada, representante de la inversora, afirmó que en un documento firmado el pasado 2 de diciembre, quedó establecido que serán compradas 30 hectáreas de terreno para que las víctimas se instalen.
José Roble, una de los desplazados, señaló que están en la búsqueda de los predios para trasladarse en los próximos días.
'Nosotros mismos vamos a escoger las tierras para asegurarnos de que son cultivables, porque sabemos que en otros casos de entrega de tierras a las víctimas se les ha dado unas piedras que no pueden sembrarse', manifestó Roble, oriundo de Becerril.
Hasta el momento se maneja la posibilidad de comprar las tierras en Isabel López, corregimiento en jurisdicción de Sabanalarga. 'Vamos a ir mañana (hoy) a revisar unos predios para ver si son aptos', explicó el campesino.
En total fueron desalojadas 11 parcelas con 20 familias que no están dentro del registro de víctimas. Sin embargo la jurista de Los Turpiales afirmó que con ellos también se había llegado a un arreglo para garantizarles tres meses de arriendo o el traslado a un hogar de paso.
Descontento del Polo. Mediante un comunicado, el partido político Polo Democrático Alternativo, lamentó el 'inusitado despliegue de fuerza policial en la diligencia de desalojo del predio El Tamarindo por parte de la Inspección cuarta de Policía Urbana del Distrito de Barranquilla'.
El texto es firmado por Juvenal Pérez Henríquez, presidente seccional Atlántico del partido, y en él señaló que el procedimiento policivo se consumó 'sin el ofrecimiento de las garantías mínimas para que los campesinos pudieran acudir a la defensa'.
