Por medio de auto con fecha del 31 de julio, el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió dejar sin efecto parte del auto proferido el 10 de febrero de 2014, con el cual se planteaba que los constructores no tuvieran que someterse a reponer a las familias afectadas por los deslizamientos en Campo Alegre.
Según Roberto Tapia, coordinador de la Acción Popular de los afectados por Campo Alegre, quien solicitó la nulidad de este auto que beneficiaba a las constructoras, 'Barranquilla debe tener la tranquilidad de que en una hipotética sentencia condenatoria, no solamente respondería el distrito de Barranquilla, sino también las constructoras'.
Recientemente, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 7 de julio de este año, vinculó a la Nación, a través del Ministerio del Interior, a la acción de grupo que en 2005 presentaron los damnificados de Campo Alegre en busca del resarcimiento de los perjuicios que sufrieron por los daños en sus apartamentos y lotes. (ver artículo relacionado)
'No es justo que sean los barranquilleros quienes salgan a pagar las embarradas de los constructores en Barranquilla. Esa responsabilidad debería ser del 50% del distrito y 50% para las constructoras', afirmó Tapia.
Por estos días también se adelanta una audiencia en el Juzgado 12 Penal Municipal de Barranquilla, en donde se debe definir cuál será la propuesta de la consctructora Alejandro Char y Cía para beneficiar a las familias afectadas por los deslizamientos, que residían concretamente en el conjunto Altos del Campo. (ver artículo relacionado)
Entre 7 y 10 mil millones cuesta plan maestro para volver ‘habitable’ la ladera suroccidental
Miguel Vergara, secretario de Planeación distrital, indicó este lunes que, si bien 'el tema Campo Alegre es una dificultad que trasciende las capacidades técnicas, jurídicas y financieras del Distrito', la solicitud que viene presentando la administración distrital al Gobierno nacional es que desde las mesas de trabajo interinstitucionales, en la que deben intervenir miembros de la Unidad Nacional de Riesgo y los ministerios de Hacienda y Vivienda, se de establezca desde ya un plan estratégico para toda la ladera suroccidental.
En este sentido, el funcionario planteó este martes la ejecución de un 'plan maestro' que permita identificar qué zonas se pueden volver habitables nuevamente a través de unas intervenciones específicas.
'Esos estudios tenemos que contratarlos y hacerlos a detalle', aseveró.
Vergara estima que la inversión para dichos estudios está por el orden de entre 7 y 10 mil millones de pesos.
Este miércoles, con presencia del viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, continúan las mesas de trabajo en relación a la problemática de la ladera suroccidental, en la que se encuentra incluido el tema Campo Alegre.
Defensor del Pueblo agradece apoyo del Tribunal Administrativo de Barranquilla
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, recibió con beneplácito la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico en el sentido de modificar la ponencia que revocaba el auto para practicar pruebas y vincular a las constructoras como parte responsable por los daños causados a 22.782 familias habitantes de 10.912 viviendas en la ladera occidental de Barranquilla.
Otálora reiteró su solicitud al Gobierno Nacional para contribuir con los planes de solución a esta problemática, e insistió en la necesidad de avanzar hacia una política de control y responsabilidad social que evite al Estado asumir el costo por la falta de una respuesta institucional oportuna, como sucedió en este caso y en el episodio del edificio Space de Medellín.
