La Alcaldía Distrital y moradores del área de la ladera suroccidental afectada por deslizamientos, confirmaron que el Gobierno Nacional negó la solicitud de declarar 700 hectáreas como zona de desastre.
La petición, que fue elevada por el Distrito, buscaba principalmente gestionar recursos para reubicar definitivamente a las cerca de 800 familias perjudicadas.
Al respecto, el secretario de Planeación, Miguel Vergara, confirmó que si bien se pierde la ventaja de acceder a dineros nacionales para este propósito, la seguridad de la zona es variable en distintos puntos, es decir, que unos son estables, pero otros no.
De todos modos aclaró que no es apropiado sacar conclusiones todavía sobre la habitabilidad de los terrenos sin el desarrollo de estudios más detallados. 'Todo el sector de Campo Alegre seguirá siendo revisado', aseguró el funcionario. En la zona afectada el Distrito ha invertido $40.000 millones en el desarrollo de obras de infraestructura.
Los balcones del conjunto residencial ‘Altos del Campo’ están plagados de enredaderas.
Para afectados como Martha Sáenz, quien además de ser de ser dueña de uno de los apartamentos del conjunto Altos del Campo, es la abogada que lleva el proceso de las 157 familias damnificadas, determinar si esa zona es o no habitable va más allá de la realización de estudios de amenazas como los que ha hecho el SGC .
'Nosotros tenemos conocimiento, incluso desde hace más de mes y medio, de que la solicitud de declaratoria de zona de desastre no había sido aprobada por el Gobierno pese a las pruebas de que es un área peligrosa, y estamos preocupados porque pensamos que esta vez iba a haber dinero del Gobierno para solucionar el problema', dijo Sáenz.
Hace unos cuatro meses el defensor nacional del Pueblo, Jorge Otálora Gómez, pidió a las autoridades locales que implementaran soluciones definitivas ante la emergencia por la inestabilidad de suelos a lo largo de la ladera, posición que quedó consignada en la resolución No. 063 del 15 de enero de 2014, a través de la que exigió al Distrito la reubicación de los habitantes en peligro.
En el acto administrativo, que fue elaborado dos meses después de una audiencia pública con los habitantes de los 11 barrios afectados por los deslizamientos, el defensor pidió a la Administración que verificara el censo de damnificados, levantara un mapa de riesgos con base en los estudios geológicos realizados y creara un sistema de alerta temprana para monitorear las estructuras y garantizar la vida de las personas que siguen viviendo allí.
En enero pasado el abogado Roberto Tapia, representante legal en la acción de grupo de los afectados de Campo Alegre, sostuvo que era 'evidente el incumplimiento por parte del Distrito y de los constructores', opinión que no ha cambiado, aún cuando ha pasado todo un semestre.
Sin el apoyo del Gobierno, el Distrito está obligado a asumir el 50% de la carga económica que demanda la situación. De acuerdo con los afectados, hasta el momento las constructoras involucradas en el proceso no han cumplido con los acuerdos.
Las firmas en cuestión son: Proyecto Barranquilla, que se declaró en quiebra desde hace 12 años; Marval, responsable de Mirador de Campo Alegre; Metrópolis, responsable de Miraflores; Alejandro Char Constructores, responsable de Altos del Campo, Ciudad del Sol I y II y ‘Techos Azules’; Alta Vista, responsable de Camino Real; y Cadena Fauset, que está a cargo de Atardeceres.
'A pesar de que hay sentencias de la Corte Constitucional a favor nuestro, ninguna firma ha asumido su responsabilidad, a excepción de Marval. Seguimos en lo mismo, todavía no hay nada cierto. El Distrito incluso prorrogó la declaratoria de calamidad, y hace dos meses estábamos pidiendo la declaratoria de desastre', dijo Sáenz.
Desastre y Calamidad. En materia de declaratorias de riesgo en Colombia, la ley que regula lo contemplado en el marco jurídico nacional es la 1523 de 2012, mediante la cual fue establecida por primera vez una política para la gestión de desastres.
Las estructuras agrietadas no son lo único abandonado, en la carrera 41F con calle 84 dejaron este carro desvalijado.
De conformidad con la norma, una declaratoria de desastre solo puede ser decretada por el presidente de la República tras la existencia de una situación que debe ser clasificada según su magnitud y efectos como de carácter nacional, regional, departamental, distrital o municipal.
Mientras que la de calamidad pública es decretada por los gobernadores y alcaldes en su respectiva jurisdicción, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo.
Alrededor de 300 familias han sido recompensadas con el pago de arriendos desde hace 3 años, y según Sáenz 'parece que fuera más rentable para seguirle pagando arriendo a $750.000 a los damnificados'.
'Si sacan la cuenta, con eso ya hubieran podido reubicar a gran parte de los afectados, eso podría constituir un detrimento del patrimonio del Distrito. Le pedimos a los entes de control que tomen cartas en el asunto, la Defensoría es la que más nos ha apoyado', remató la afectada. Según la sentencia de la Corte Constitucional número P473 de 2008, se condena al Distrito y a los constructores a pagar cada uno la mitad de las pérdidas.
