'En el fondo todos nos sentimos responsables por lo ocurrido', dijo durante su homilía monseñor Ugo Puccini Banfi, arzobispo de la diócesis de Santa Marta, mientras celebraba una eucaristía en conmemoración del mes de la tragedia de Fundación, Magdalena, en la que murieron 33 niños tras el incendio y explosión de una buseta que ya había agotado su vida útil. (Ver galería Fundación un mes después de la tragedia).
En el sitio estaban los padres de las víctimas, funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, quien hasta la fecha no había dado declaraciones sobre el tema que implica la responsabilidad del ministerio que ella lidera.
'¿Se siente usted también responsable ministra?', le preguntó un periodista durante una rueda de prensa que dio Álvarez- Correa al finalizar el oficio religioso, respecto a lo dicho por monseñor. Ella encogió sus hombros y dijo: 'Este es un momento de reflexión, aquí cada cual es responsable por uno y por los demás. Lo es el conductor, la Policía, el Ministerio y cada ciudadano'.
Álvarez Correa admitió que lo ocurrido fue el resultado de 'una cadena de irregularidades que muchas veces se escapan del control', e indicó que aquello también involucraba a la Alcaldía municipal, la Secretaría de Tránsito, la Policía de Carreteras y al Fondo de Prevención Vial.
La funcionaria insistió en que los ciudadanos deben poner de su parte, actualizar la revisión técnico mecánica y renovar la licencia de conducción tal como lo indica la ley. 'Los culpables los señalará la justicia. Sabemos que la buseta fue desvinculada en 2012'.
Respecto a la investigación para esclarecer porqué la buseta no había sido chatarrizada, la ministra explicó que por lo pronto están indagando quién la vendió y quién la compró.
Entre los servicios que viene costeando el Gobierno Nacional, la ministra destacó la presencia de 45 psicólogos en el proceso de acompañamiento a los familiares de las víctimas mortales del accidente. Aseguró que la nación destinó recursos para que este se extienda por tres años.
Sin embargo, las familias manifestaron ayer que desde el día del sepelio muy pocas viviendas han recibido de nuevo la visita de los profesionales de la salud mental.
Ante esto, la alcaldesa Luz Estella Durán manifestó que la atención psicosocial no la están brindando todos los días, sino entre dos y cuatro veces a la semana, 'dependiendo del estado emocional de los padres. Además, ellos decidieron darles un espacio para adaptarse a las nuevas condiciones'.
Entretanto dos madres de familia que también perdieron a sus hijos en la tragedia que sucedió hace diez años en Bogotá con los estudiantes del colegio agustiniano, quienes han visitado con frecuencia a estos padres, manifestaron que ellas han sido testigos del no retorno de los psicólogos a varias zonas del barrio.
Frente a la posibilidad de que las familias víctimas resulten beneficiadas a través del programa de viviendas gratis del Ministerio de Vivienda, la alcaldesa Durán comentó que estas han dicho que prefieren que les realicen trabajos de mejoramiento a sus actuales casas para no tener que mudarse del sector.
'Es una posibilidad que se está estudiando. Son 47 familias las que tenemos censadas entre las que perdieron a sus hijos y las que tienen heridos', afirmó.
La ministra de Transporte también señaló que será creada una Agencia Nacional de Seguridad que permitirá intensificar las labores de control y vigilancia en el país.
Pero en Fundación, el ratón sigue haciendo de las suyas mientras el 'gato' no está, al menos así lo manifiesta Sirley Valencia, quien asegura que en el municipio siguen circulando buses como el que causó la tragedia el pasado 18 de mayo.
'Cuando se van los medios de comunicación, vuelven a circular esos buses que se dedican, entre otras cosas, a transportar pimpinas de gasolina'.
