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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha intensificado la vigilancia sobre varias fundaciones que operan con la primera infancia en La Guajira, tras detectar posibles irregularidades en la asignación de beneficios.

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Según la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, algunas organizaciones estarían incluyendo a personas que residen en municipios en programas exclusivos para habitantes de resguardos indígenas.

Durante un encuentro en la comunidad de Chentico, ubicada en el Distrito Especial Turístico y Cultural de La Guajira, Cáceres destacó los avances y ajustes en la implementación del piloto de atención integral para el pueblo wayuu y confirmó la existencia de irregularidades en su ejecución.

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Entre las medidas anunciadas, la directora enfatizó que el programa está destinado exclusivamente a comunidades rurales y se adoptarán acciones estrictas para evitar la inclusión indebida de niños y niñas de zonas urbanas.

“Tomaremos sanciones para quienes ofrezcan servicios que no corresponden a la comunidad rural, con medidas que pueden incluir desde el descuento de recursos hasta la terminación de su personería jurídica”, advirtió.

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Además, el ICBF implementará un protocolo de desvinculación del servicio para evitar traslados injustificados y llevará a cabo una campaña informativa en todo el departamento para que los padres no sean engañados sobre los servicios disponibles para sus hijos.

Para optimizar la supervisión y garantizar una mejor coordinación en la atención por corregimientos, el Instituto sistematizará la información del programa en conjunto con el Ministerio de Salud.

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Actualmente, más de 300 familias wayuu que residen en Chentico, Loma Fresca y Tokoromana, jurisdicción de Riohacha, se benefician de este programa.

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