La Guajira, ubicada en el extremo norte de Colombia, se convierte en el departamento cabecera del país. Bañado por el mar Caribe, deleita a propios y foráneos con sus paradisíacos y contrastantes paisajes, la zona alta con escenarios desérticos, mientras que al sur se pueden apreciar zonas ganaderas ricas en vegetación.
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Es este, el hábitat de la cultura indígena wayuu, población que por muchos años ha denunciado un sinnúmero de “irregularidades” ocurridas en su territorio, situaciones que en medio del desespero por prontas y contundentes respuestas han escalado, siendo los paros y bloqueos la manera más cotidiana en la que estos expresan su inconformismo, bien sea con el Gobierno departamental o el nacional.
A pesar de contar con un vasto potencial en áreas como la minería, el gas y el petróleo, la región ha sido testigo de las crecientes movilizaciones sociales, afectando económica, social y políticamente al territorio.
Movilidad y desigualdad
Estos bloqueos han dañado la imagen de la península, los cuales en los últimos años se han presentado de manera más frecuente y por tiempos más prolongados evitando la conexión del departamento con el resto de Colombia.
Según el Comando Departamental de Policía Guajira, en el año 2024 se presentaron 122 bloqueos en vías principales y secundarias donde la fuerza pública realizó el acompañamiento para garantizar la seguridad ciudadana.
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El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, comandante encargado de la institución en la península, expresó que los paros de la vigencia pasada fueron por motivos diferentes, entre ellos incumplimiento en el Plan de Alimentación Escolar, falta de transporte escolar, inconformismo por los servicios públicos de agua y energía, el no pago a docentes y la falta de arreglos en las carreteras.
Las manifestaciones se han convertido en el pan de cada día de los guajiros y esta casa periodística ha informado de varios de estos en los que la comunidad obstaculiza la carretera bien sea por el fallecimiento de un familiar en un accidente de tránsito hasta por el no pago de salarios, desacuerdos en contrataciones y hasta por la muerte de una gallina como ocurrió en octubre de 2024 cuando indígenas bloquearon una vía por varias horas tras el atropellamiento de un bípedo por un bus de la mina Cerrejón. Al parecer los wayuu exigían la indemnización al responsable del hecho en el que el animal perdió la vida.
Un paro anunciado
Sucesos como estos han desencadenado un sinnúmero de críticas y al día de hoy continúan, alcanzando una nueva intensidad desde enero de 2025, cuando el Movimiento Indígena Nación Wayuu, apoyado por otros sectores sociales, anunció una serie de protestas masivas en respuesta a lo que consideran un despojo de recursos y regalías a la región.
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La situación actual está enmarcada en el descubrimiento del pozo de gas Sirius-2 en el territorio de La Guajira con incidencias en el Magdalena, uno de los hallazgos más significativos en la historia del país, pero cuya explotación se está llevando a cabo con la colaboración de empresas como Ecopetrol y Petrobras.
Aunque el yacimiento se encuentra en tierras guajiras, la administración del proyecto ha sido cedida al departamento vecino, lo que ha provocado la furia de las comunidades locales que exigen su parte en los beneficios de los proyectos extractivos y el desarrollo económico de la región.
Descubrimiento de Sirius-2
El pasado 5 de diciembre de 2024 las empresas Ecopetrol y Petrobras anunciaron el descubrimiento del pozo de gas Sirius-2, un hallazgo que se convirtió en el mayor descubrimiento de gas en la historia reciente de Colombia. El pozo está ubicado en terrenos entre La Guajira y Magdalena.
Lo que causó una profunda molestia en la comunidad local fue la decisión de las empresas de gestionar el proyecto de explotación del gas bajo la administración del departamento vecino, en lugar de permitir que la península se beneficiara directamente de la extracción de sus propios recursos.
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Este desvío de recursos y regalías no solo ha causado indignación entre las comunidades indígenas wayuu, sino también entre los campesinos y afrodescendientes que han visto cómo los proyectos han favorecido a otros departamentos sin generar un verdadero desarrollo en La Guajira.
Las autoridades locales han expresado su preocupación por el impacto negativo que esta situación tendrá en el empleo y en la economía de la región, ya que muchos guajiros esperaban que la explotación del pozo Sirius-2 generara oportunidades laborales y desarrollo para el departamento.
En respuesta a este descontento, el Movimiento Indígena Nación Wayuu, en conjunto con otros sectores sociales, convocó una serie de protestas bajo el nombre de ‘Hora Cero’. La manifestación fue programada para el 15 de enero de 2025 y tuvo como objetivo presionar al Gobierno y a las empresas responsables del proyecto para que reconsideraran la distribución de regalías y aseguraran la inclusión de La Guajira en los beneficios derivados de la explotación del gas.
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José Silva Duarte, presidente del MINW, informó su apoyo a la protesta destacando que esta situación no era un fenómeno nuevo, sino la continuación de una histórica lucha por la justicia social en la región, pero tras varias reuniones con las autoridades locales los organizadores decidieron prorrogar los bloqueos.
“Estamos creyendo en la palabra porque queremos remar para el mismo lado y unir fuerzas para que la operación del pozo Sirius se quede en La Guajira y con ello lleguen empleos, oportunidades, desarrollo y se dinamice la economía de nuestro departamento”, señaló Silva Duarte.
Aplazada
Las manifestaciones fueron suspendidas temporalmente tras acordar un espacio para el diálogo y la negociación. Las autoridades locales, en conjunto con los organizadores de la protesta, acordaron aplazar el paro hasta el 30 de enero de 2025, fecha en la que se llevará a cabo una mesa técnica con Ecopetrol y Petrobras, para discutir cómo la región puede beneficiarse del pozo de gas Sirius-2. En esa reunión se espera que las empresas petroleras y los líderes sociales lleguen a un acuerdo sobre la distribución de regalías y la participación de los trabajadores guajiros en el proyecto.
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A pesar de este avance, el Movimiento Indígena Nación Wayuu dejó claro que, si no se llegaba a un acuerdo satisfactorio para el departamento, la ‘Hora Cero’ se retomaría a partir del 1° de febrero. Este anuncio refleja la persistente desconfianza de las comunidades hacia las promesas de los gobiernos y las empresas, quienes, en muchas ocasiones, no han cumplido sus compromisos de desarrollo social y económico en la región.
El Comité de Paro presentará un documento donde queden sustentadas las afectaciones de los pueblos étnicos que no solo son económicas, sino también culturales, como lo manifestó el líder afrodescendiente Henry Redondo: “Hay sitios importantes que reflejan esta situación, como lo es la población de Camarones, donde hay todo un lagunal que se alimenta de la dinámica de estuario y que se vería afectada o impactada por el desarrollo”, puntualizó.
Dialogar para solucionar
El diálogo siempre ha sido una herramienta fundamental en la resolución de conflictos en la comunidad Wayuu, en sus tradiciones está la figura de los pütchipü'ü, también llamados palabreros, que son mediadores entre los miembros étnicos. Su trabajo se centra en la conciliación y la negociación para restaurar la armonía social. Sin embargo, la desconfianza hacia las autoridades y las empresas extractivas es profunda debido a la falta de cumplimiento de acuerdos previos y a la percepción de que la región ha sido sistemáticamente excluida de los beneficios del desarrollo económico.
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Aunque la mesa de diálogo programada para finales de enero representa una oportunidad para avanzar, muchos sectores y grupos sociales que apoyan las protestas temen que las promesas de diálogo no se traduzcan en resultados concretos. La falta de un plan claro de desarrollo y distribución de los recursos sigue siendo un obstáculo importante para la paz social en la región.
La directora nacional de Asuntos Indígenas, Roquelina Blanco, se reunió en Santa Marta con el comité del paro, donde pese a escuchar la situación informó que no tiene competencias sobre el pliego de peticiones de la manifestación y aseguró que las soluciones debían buscarse a través de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
El futuro del departamento de La Guajira está en juego
La situación en La Guajira refleja las tensiones entre el desarrollo económico basado en los recursos naturales y la justicia social.
Mientras las grandes empresas continúan explotando los recursos del departamento, las comunidades locales luchan por obtener una parte justa de los beneficios de esto.
Los bloqueos de vías son una manifestación de descontento profundo con un sistema que, según los líderes sociales, ha favorecido a unos pocos a expensas de las mayorías.
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El futuro del departamento de La Guajira dependerá de la capacidad de las autoridades, las empresas y las comunidades para encontrar una solución que no solo garantice el desarrollo económico, sino que también responda a las necesidades y derechos de las comunidades locales.
El ambiente de tensión por un paro que está avisado y que será indefinido se siente en toda La Guajira, pues de no conjurarse afectará a todos dado que no permitirán el ingreso ni la salida.
El balón para evitar la parálisis está del lado de la cancha del Gobierno nacional que debe escuchar el clamor de la ciudadanía que reclama desarrollo para ellos y para su departamento en tanto que no se justifica que los recursos naturales de La Guajira salgan a favorecer a otros departamentos y no a este.
