En la mañana de este martes 14 de mayo la Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad por 10 años del secretario de Salud de La Guajira Jarexon José Arredondo Quintero, por irregularidades en la compra de 17 ambulancias.
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Además, el Ministerio Público determinó la suspensión de 12 meses en el ejercicio del cargo al exgobernador (e) de La Guajira, Wilson Rafael Rojas Vanegas, los cuales se convertirán en el pago de $ 52´952.532.
De acuerdo con la entidad “el contrato de compraventa celebrado entre el departamento de La Guajira y la sociedad carrocerías EL SOL S.A.S., que tenía como objeto brindar apoyo para el transporte asistencial básico y medicalizado con inversión pública; según lo aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Región Caribe, cuyo presupuesto inicial fue de cerca de $ 3.565 millones para la adquisición de 17 ambulancias”.
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La Procuraduría demostró que Arredondo Quintero, como secretario de Salud y supervisor del contrato, de manera inconsulta y sin tener competencia, cambió las especificaciones técnicas de las ambulancias con particularidades distintas a las previamente establecidas.
Además, el órgano de control comprobó que otorgó plazos más amplios para cumplir el objeto contractual, situación que generó demoras en la entrega.
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Según la entidad, Rojas Vanegas, gobernador encargado, “tenía la obligación de exigir la correcta ejecución de los recursos provenientes del SGR, también, desarrollar actividades para verificar, vigilar y controlar el cumplimiento del objeto del contrato, en este contexto, se conoció que por medio de un oficio se cambiaron las especificaciones técnicas, sin la mediación del representante legal del departamento”.
Sobre estos hechos, la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2 declaró que Arredondo Quintero y Rojas Vanegas generaron un impacto social negativo para la población más necesitada de La Guajira y, a su vez, vulneraron los principios de legalidad, rigurosidad, respeto y seriedad en manejo de los recursos públicos que les correspondía como funcionarios.
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Debido a las conductas irregulares, el ente disciplinario calificó la falta de los servidores públicos como gravísima con culpa gravísima para el secretario de Salud; y grave con culpa grave para el gobernador encargado.
“Esta decisión sancionatoria adquiere mayor relevancia frente al seguimiento que realiza la Procuraduría, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T 302 de 2017, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables y exigibles para asegurar el goce efectivo del derecho a la salud de la población de La Guajira”, puntualiza la Procuraduría.
