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Ante la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro, quien en un oficio dirigido a la Procuraduría indicó que no iba a designar alcalde para Riohacha al considerar que el suspendido por una Procuraduría Delegada tenía unos derechos reconocidos ante organismos jurídicos internacionales y desconocerlos sería poner en riesgo al Estado por eventuales demandas de los afectados, el Ministerio Público anunció una nueva decisión frente al caso.