Debido a la muerte de cuatro niños wayuu en la comunidad Kaipaa de Riohacha, la Procuraduría General de la Nación, inició una acción preventiva, a través de la cual solicitó a la directora seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Yaneris Beatriz Cotes Cotes, informar si los menores de edad estaban vinculados a alguno de los programas interculturales de la entidad.
En desarrollo de esa actuación, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira, pidió copia de los contratos firmados por el operador con el Instituto, las actas de supervisión y el detalle de la población atendida.
Igualmente, el órgano de control requirió a la secretaria de Salud de Riohacha, Viviana Flórez, quien debe indicar qué conocimiento tuvo de los hechos ocurridos y las acciones emprendidas hasta el momento.
