Lo que inicialmente se pensó que era el secuestro de una misión médica en La Guajira, resultó siendo una nueva modalidad de extorsión que ejecutan los delincuentes desde cualquier cárcel de Colombia.
Todo comenzó el martes 12 de enero en horas de la mañana, cuando la familia del médico Fabián Alberto Guerra Ortiz, alertó a las autoridades sobre el posible secuestro de este, su hermano Oswaldo Andrés y la enfermera Idaimis González, quienes iban a realizar un trabajo en área rural de Riohacha.
En diálogo con EL HERALDO el doctor Guerra explicó que siete días atrás, la IPS para la cual trabaja, recibió una solicitud para exámenes laborales a 30 empleados de la finca La Esmeralda que estaba en el corregimiento de Tomarrazón.
'Llamó un señor Fabián Cuadrado, quien nos dio las indicaciones de cómo llegar al lugar, cuando ya estábamos en el casco urbano del pueblo. Seguimos por la vía Moreneros y preguntábamos a los moradores de la zona, pero nadie sabía dónde quedaba la finca', indicó.
Guerra dice que el vehículo en el que iban tuvo una falla mecánica y tuvieron que detenerse. 'Fue en ese momento, cuando recibimos una llamada al teléfono de la enfermera, supuestamente del comandante Antonio del ELN, quien nos preguntó qué hacíamos por esa zona, que no teníamos permiso y que la orden era quemar el carro', narró.
El doctor dijo que el susto y la zozobra los invadió porque la persona les dijo de qué color era el carro y el lugar exacto donde estaban. 'Pensamos que nos estaban vigilando, porque nos dijeron que estábamos en el resguardo indígena Los Monos y que la camioneta era blanca', anotó.
El hombre les ordenó que apagaran los celulares, porque los estaban monitoreando, que solo dejaran encendido el de la enfermera y que iban a verificar la información que les habían entregado, sobre el servicio médico en la finca.
'Pasaron como 40 minutos y nunca colgaron, luego de lo cual, nos informan que debíamos devolvernos, porque, aunque verificaron que la información era cierta, el dueño de la finca había incumplido las órdenes del ELN que era pedir autorización para transitar por allí', explicó el médico.
Les pidieron los números telefónicos de sus familiares y Guerra les dio el de su papá, pero este no contestaba y les dio el de su esposa.
'Pude oír a mi esposa y decirle que estaba bien, aunque comenzaron a hacernos preguntas, como, por ejemplo, hace cuando estábamos casados y oí a mi esposa ansiosa, por lo que de inmediato pensé que algo raro estaba pasando, que la estaban extorsionando', agrega.
Dice que todo era confuso, porque no notaban nada extraño en la zona, las personas pasaban tranquilas y aunque el celular estaba abierto, no se oía nada.
'Al teléfono entró una llamada y no hizo el sonido característico cuando esto pasa, pero ellos nos advirtieron que alguien nos llamaba y por eso pensamos que de verdad nos estaban monitoreando', explica el doctor, quien es especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Añade que hacia el mediodía colgaron y en ese momento decidieron encender sus teléfonos. 'Nos comunicamos con nuestros familiares, quienes estaban llorando y pensando que estábamos secuestrados. También supimos que habían pagado 7 millones de pesos por la supuesta liberación', dice Guerra.
Al poco tiempo llegó la Policía y el Ejército que ya estaba cerca del lugar.
Las autoridades establecieron que la llamada se hizo desde la cárcel de Cómbita, que está en Boyacá y que el dinero fue cobrado en Cali.
'La Policía nos dijo que esta nueva modalidad la usan con arquitectos, médicos, abogados, a quienes les piden un servicio en zonas apartadas para extorsionar a los familiares', explicó.
En La Guajira es la segunda vez que sucede, la primera fue con un topógrafo.
Es una forma de extorsión
La Policía de La Guajira informó que se trata de una forma de modalidad delictiva que están usando los internos de las cárceles para extorsionar a las personas a través de llamadas, solicitando servicios profesionales a lugares apartados donde no hay señal de celular y son caminos de difícil acceso.
El comandante de la institución coronel Wharlinton Iván Gualdron Gualdron, indicó que a esta manera de delinquir se le llama 'falso servicio'.
'Los delincuentes aprovechan y toman contacto posteriormente con los familiares de los ciudadanos para decirles que los tienen secuestrados y hacerle la exigencia económica a cambio de liberarlos. Lo cual no es ajustado con la realidad, porque las víctimas en ningún momento están secuestradas', aclaró.
