El Consejo Superior de la Judicatura decidió que el caso del líder wayuu Javier Rojas Uriana pase de la justicia ordinaria a la jurisdicción especial indígena representada por las Autoridades Tradicionales Indígenas Shipia Wayuu de Resguardos Indígenas en la Media y Alta Guajira, a donde se remitirá inmediatamente.
Rojas Uriana está acusado por la Fiscalía debido a las presuntas conductas punibles de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica documento público, por las cuales estuvo privado de la libertad durante 14 meses y se encuentra actualmente libre por vencimiento de términos.
A partir de ahora será juzgado por las autoridades wayuu, en un caso que se convierte en el primero en La Guajira, al pasar de la justicia ordinaria a la indígena. Los Palabreros deben presentar el caso ante La Asamblea de Autoridades, pero garantizando el derecho de defensa, a través de la valoración de las pruebas en un procedimiento oral.
El líder wayuu fue privado de su libertad en abril del 2019 en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto 'Fortalecimiento de la economía tradicional en el Resguardo de la Media y Alta Guajira', cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de 200 familias wayuu, a través de la provisión de logística e insumos para la pesca artesanal, cría de ovinos, caprinos y producción de artesanías.
El Consejo Superior de la Judicatura argumentó que en este caso se demostró que Javier Rojas Uriana pertenece a la comunidad indígena wayuu, de la Alta y Media Guajira, el cual, a su vez, hace parte de la Asociación de Autoridades Wayuu Shipia Wayuu y que aparte de su calidad de miembro de la referida asociación, pertenece al resguardo indígena Equiakal, de conformidad a las pruebas que fueron aportadas.
También expone que en el aspecto geográfico que 'sin mayor esfuerzo si se revisa que el proyecto presentado por el señor Javier Rojas Uriana tendría impacto al interior de la comunidad indígena de la cual es miembro. Por lo mismo, se encuentra que tal característica está de por sí evidenciada y de lo cual se dio cuenta incluso el ente acusador cuando trabó el conflicto'.
Javier Rojas explica que desde que salió en libertad en junio de 2020, fue llamado al territorio y ha estado rindiendo explicaciones y entregando pruebas para demostrar su inocencia.
'El hecho de que el caso pase a la jurisdicción indígena me da tranquilidad porque podré demostrar que este fue un falso positivo que se montó en mi contra. Voy a ser juzgado sin dilaciones y sin manipulaciones, como se venía haciendo en la jurisdicción ordinaria', manifestó.
Consideró este un logro importantísimo y una señal de que se ha avanzado en ese respeto hacia la jurisdicción especial indígena.
'Voy a mostrar que no me he apropiado de ningún recursos y que se ejecutó cada centavo de los recursos que se recibieron, con la cofinanciación que fue representada por la mano de obra de la comunidad, que es lo que dice la Fiscalía que me apropié', indicó.
El asesor jurídico de la Asociación Shipia Wayuu Carlos Balcázar resaltó el paso de la jurisdicción ordinaria a la wayuu y dijo que 'se activa así el sistema normativo que es muy diferente a la visión que tiene la sociedad mayoritaria'.
'La importancia para los pueblos indígenas de Colombia, especialmente para el pueblo wayuu, es que se reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural. Se reconoce el pluralismo jurídico y se materializa lo consagrado en el art 246 de Constitución Política de Colombia', añadió.
