Una indagación disciplinaria se inició por parte del Consejo Superior de la Judicatura en contra de tres magistradas del Tribunal Administrativo de La Guajira, quienes habrían demorado, más de lo que dispone la ley, el cumplimiento de una tutela del Consejo de Estado que ordenó a Cerrejón la reubicación y reparación de un grupo de familias del pueblo Roche en 2003, donde solo se les concedió ese derecho a 25 familias.
El fallo de tutela del Consejo de Estado se produjo el 9 de diciembre de 2016 para que Cerrejón iniciara los trámites pertinentes a concederle el derecho a esta comunidad de afrodescendientes con una consulta previa.
Ese trabajo terminó el pasado 2019 y al no producirse más acciones en procura de restablecer los derechos de la colectividad, Roberto Ramírez Díaz, representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, presentó un incidente de desacato por el no cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado. Ese recurso se impetró ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, entonces a cargo de las magistradas Carmen Cecilia Plata Jiménez, María del Pilar Veloza Parra e Hirina del Socorro Meza Rhenals, con fecha 8 de junio del año en curso.
Según lo expresa el abogado Pablo Segundo Ojeda, quien asesoró a los reclamantes, estos incidentes deben tener trámite en los diez primeros días de su presentación y al haber trascurrido tres meses sin que se produjera una acción administrativa sobre el caso, entonces elevaron una queja ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, organismos que acaba de notificar la apertura de la indagación disciplinaria en contra de las magistradas referenciadas.
Inició las indagaciones
Julia Emma Garzón inició el trabajo de manera inmediata y ya ha solicitado una serie de documentos donde se debe entregar información sobre las actividades que cumplen las magistradas ahora indagadas.
En el auto donde se da inicio a la indagación también se solicita al Presidente del Tribunal en La Guajira una serie de información que tienen que ver con las funcionarias. Dice la magistrada que: 'con destino a la presente investigación informe si las funcionarias investigadas disfrutaron de permisos, si asistieron a cursos, talleres, congresos o seminarios, si hay constancia de permisos para ejercer la docencia, o para adelantar estudios de especialización o maestría, o de otra índole, además si fungió como presidente de la Corporación, durante el año 2020 a la fecha.
A la secretaría del Consejo de Estado le solicita que le informen: 'si a las investigadas les fueron concedidas licencias o incapacidades, permisos para ejercer la docencia, o para adelantar estudios de especialización o maestría, o de otra índole, durante el año 2020 a la fecha. Además, informar si el despacho a cargo de las inculpadas fueron objeto de descongestión, en caso afirmativo informe mediante qué acuerdo y durante qué tiempo se llevó a cabo las mismas, para el año 2020 a la fecha'.
Es posible que no regresen al proceso
Con esta indagación es muy posible que las magistradas del Tribunal Administrativo, no regresen a conocer del proceso y terminen declarándose impedidas, pero si no se produjera la toma de esa decisión, también existe la posibilidad de que tampoco regresen, pues en su contra el representante legal de la comunidad de afrodescendientes de Roche, presentó una recusación contra las tres magistradas por cursar en su contra la indagación ya informada.
