La comunidad wayuu de Provincial reiteró las denuncias contra Cerrejón y las afectaciones debido a la explotación del carbón cerca a este territorio que está en el municipio de Barrancas, sur de La Guajira.
En rueda de prensa virtual con medios internacionales y a través de una manifestación en la comunidad, las mujeres que interpusieron una tutela contra la multinacional, afirmaron que 'la contaminación que se genera no se puede tapar con un dedo'.
Igualmente respaldaron y agradecieron el informe del relator de la ONU David Boyd, quien solicitó a Colombia que se suspendan las actividades de Cerrejón, al menos temporalmente, para proteger de la contaminación y de la Covid-19 a esta comunidad indígena.
Carmen Rosa Uriana autoridad tradicional de Provincial manifestó que Cerrejón no ha cumplido con ninguna de las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional, T-614 de 2019 en la que la Corte Constitucional pidió a Cerrejón mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera y la T-704 que ordenó compensaciones a la comunidad.
'Exigimos que respondan, que cierren el tajo Patilla como lo pidió la ONU, porque nos está afectando cada día más, a nuestros hijos y a los mayores, quienes se enferman con afecciones respiratorias y de la piel, por el polvillo del carbón', manifestó.
Agregó que seguirán en la lucha por la salud, el medio ambiente, por el río y sobre todo por el territorio. 'No solo por Provincial, sino por las otras comunidades que han sufrido con el daño a la fauna, a los usos y costumbres de nuestra etnia', indicó.
Lamentaron que otro sector del resguardo indígena no apoye esta lucha y se hayan mostrado en desacuerdo con el informe del relator de la ONU.
Rosa María Mateus del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo explicó que hace varios años hacen acompañamiento a la comunidad de Provincial y a otras, en lo que referente a las afectaciones y las vulneraciones que se han dado en materia de derechos humanos, ambientales y territoriales debido a la explotación de carbón.
'Consideramos que hay una disputa por la verdad frente a estos daños, pero todo se ha logrado probar a través de datos y evidencias. Resulta absurdo que la empresa niegue los daños y pretenda resolver el problema con 'pañitos de agua tibia', expresó.
Cerrejón afirma que sí ha cumplido
En respuesta a las denuncias, Cerrejón le afirmó a EL HERALDO que hace muchos años ha trabajado con Provincial en proyectos productivos, mejoramiento de vías o aplicación de medidas para mejorar la calidad del aire, monitoreado por un comité veedor del que forma parte la comunidad.
Indica que en atención al fallo de la Corte, en calidad del aire se han reforzado las medidas de humectación (con agua de minería no apta para consumo humano, animal, ni uso agrícola) en la zona minera del Tajo Patilla y en las vías de alta circulación.
'Asimismo, instalamos cañones de niebla en el borde de la mina que colinda con el Resguardo y modificamos el método de disposición de estériles en el Tajo más cercano a la comunidad, pasando de utilizar un botadero de superficie, a realizar retrollenados', añade la compañía.
La compañía afirma haber actuado también en materia de agua y ruido con modificación de la red de monitoreo y en el método de disposición del material estéril.
También dice que a principios de año, se reunió con todas las autoridades tradicionales del Resguardo de Provincial para hablar sobre las medidas que se debían implementar para cumplir con la sentencia, incluyendo las dos personas que pusieron la tutela.
'Sin embargo, ellas decidieron no seguir participando en los diálogos con la empresa y nosotros continuamos dialogando con el resto de las autoridades. Nuestra voluntad es la de seguir trabajando con todas las autoridades tradicionales, incluyendo las reclamantes, por eso hacemos un llamado a estas familias a que participen en las reuniones para construir un acuerdo en beneficio de toda la comunidad', indica la carbonífera.
