La noche del domingo llegó a Bogotá la exogobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, quien se entregó en el comando de la Policía de Riohacha, luego de estar prófuga de la justicia durante un año.
La Fiscalía General de la Nación informó que dado el hacinamiento que hay en las instalaciones de La Guajira, Pinto fue llevada al búnker del organismo en la capital de la República, donde permanecerá hasta que efectúe la correspondiente legalización de captura y se define su lugar de reclusión.
La exmandataria fue llevada en un helicóptero de la Policía que partió del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha hacia las 4 de la tarde del domingo, luego de ser valorada por un médico.
Pinto Pérez tenía una orden de captura en su contra desde julio del 2019 por las presuntas irregularidades en obras civiles de adoquines a desarrollar en el municipio de Albania, para los años 2010-2011.
La Fiscalía General de la Nación explicó en un comunicado que la exmandataria guajira al parecer había creado la fundación Princesa Negra, a través de la cual se realizaría la auditoría al contrato de adoquinamiento en vías del municipio de Albania, por valor superior a $12 mil millones.
'Los investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192. Por tales inconsistencias, el ente acusador le imputó cargos en el año 2019 como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público', indicó el ente acusador.
Se pudo establecer que la selección del contratista fue amañada y que se buscaba apalancar la campaña electoral de Oneida Pinto a la alcaldía de esa población guajira, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado.
'Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa a consecuencia de su simpatía política', puntualizó la Fiscalía.
Dice el organismo que la exgobernadora también se encuentra vinculada al caso conocido como mortalidad infantil, que se encuentra en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá. Los hechos tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas. El valor del convenio ascendió a más de $ 18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000.
Las anomalías radican en el supuesto manejo irregular de la ejecución contractual, el falseo de todos los documentos contractuales y el trasfondo político dado que solo trabajaban en el mismo quienes manifestaran su apoyo político a Oneida Pinto.
