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El rector de la Universidad de La Guajira Carlos Robles Julio informó que el Consejo Académico decidió suspender el calendario académico del segundo semestre de 2019 y el primero del 2020, debido a la deuda que afirman tiene la administración departamental con la alma mater.

'Por decisión unánime se decidió esto aunque el viernes en reunión del consejo académico y el superior se tomará una decisión definitiva, si se continua con la suspensión o se cancela definitivamente el semestre', aseguró.

La determinación se oficializó a través del Acuerdo 021 de 2019 del Consejo Académico. En este también se convoca una sesión conjunta con el Consejo Superior de Uniguajira para el viernes 18 de octubre a las 7 am con el fin de tomar una decisión.

Robles reconoció que ha sido una decisión 'dura' pero que se toma para preservar la seguridad de la ciudadanía, de los estudiantes y de toda la comunidad académica, por los desmanes que se han registrado en las protestas.

'Esto es consecuencia de la falta de cumplimiento del gobierno departamental, falta de prioridad y honestidad por parte de ellos', enfatizó.

La gobernación denunció a Uniguajira

La Administración Departamental denunció ante los entes de control los actos administrativos a través de los cuales se han embargado las cuentas especiales e inembargables por considerar que se han cometido irregularidades al realizarlos.

Uniguajira dice que son $92 mil millones de pesos los que debe la gobernación, aunque según la denuncia de la administración, la alma mater ha hecho uso de los dineros embargados desde el 2013.

En el documento de la denuncia, que fue enviado a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía, se argumenta que hay actuaciones como la liquidación y puesta en práctica de cuatro procesos de cobro coactivo llevados a cabo 'irregularmente' por Uniguajira, que 'se han desarrollado violando el cumplimiento de todas las normas procesales de la materia, generando anomalías sistemáticas en cada uno de los procesos'.

Agregan que se han violado derechos fundamentales, ya que las cuentas embargadas han provocado la interrupción del funcionamiento institucional del departamento de La Guajira.

Algunas de estas cuentas son de destinación específica como las de servicios públicos, educación, saneamiento básico, transferencias del Sistema General de Participación, cuentas adicionadas al presupuesto para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, recursos de regalías y cuentas de nómina.

También hay embargos a las cuentas de tributos con destinación específica y protección constitucional, cuenta para pagos de comparendos, estampillas por adulto mayor, prodesarrollo departamental, fronterizo, pro electrificación rural, impuesto nacional al consumo de telefonía, además de tributos con destinación específica al servicio público de seguridad social en salud como son los ingresos proestampilla al consumo, y apuestas permanentes adicionalmente a los ingresos fruto de monopolios como los juegos de suerte y azar, y de bebidas alcohólicas.