El Juzgado Segundo Penal para Adolescente con funciones de control de garantías declaró tutelado el derecho fundamental de petición invocado por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la administración distrital de Riohacha Alonso Duica Granados, al considerar que fue vulnerado por la empresa Promigas.
En consecuencia le ordenó a la entidad o a su representante legal, que en el término de 48 horas, responda de fondo, de manera clara y congruente todas las gestiones que realiza para el trazado definitivo de las líneas de Promigas y los diseños que se necesitan, para poder pavimentar la calle 40 de la capital guajira.
También le ordena el juzgado que informe todos los avances y actividades realizadas por la empresa para este fin y poder así ejecutar los contratos 135 del 2015 que contempla la pavimentación flexible y expansión de las redes de alcantarillado de la calle 40 entre las carreras 7A y 7H y el 159 que va de la 12C hasta la 7H. Estos tienen un valor de $28 mil millones y fueron aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD.
En la tutela interpuesta por la Oficina Asesora Jurídica de la alcaldía de Riohacha se había solicitado a Promigas informar sobre todas las obras que se han gestionado de acuerdo al compromiso adquirido en el mes de enero.
Según argumentó Duica el 10 de enero de este año se realizó una reunión a la que asistió Leonardo Manjarrez funcionario de Promigas, quien dijo que la tubería que debe cambiarse estaba en proceso de adquisición y estaría llegando según los cronogramas a finales de mayo o principios de junio y que los permisos ambientales los tenían en enero y el contratista ya estaría adjudicado.
Esta pavimentación de este sector, uno de los más vulnerables de Riohacha, alcanza los 7.400 metros para dar tránsito a una de las principales vías y así brindar soluciones de movilidad y aumentar la calidad de vida de sus habitantes, eliminar las corrientes de aguas negras que se forman por los barrios que componen la comuna y por las cuales se queja la comunidad constantemente.
Está en marcha también una acción popular que lidera el concejal Charles Aguilar quien dice que 'todo lo que ha hecho la empresa es premeditado, parece que no quisieran hacer estas correcciones'. Agrega que se han hecho debates, reuniones y convocatorias con la comunidad que es la protagonista y doliente en este caso.
