La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a dos funcionarios del sector cultural de La Guajira en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por presuntos hechos de corrupción en la planeación, contratación y ejecución de proyectos que se realizaron en el 2015 para celebrar los 50 años del departamento.
Según el ente acusador estas irregularidades habrían permitido la apropiación de recursos públicos por $590.764.429.
Los que serán citados a imputación de cargos ante un juez de garantía, son César Augusto Henríquez representante legal de ese entonces del Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y la Cultura de La Guajira y la que era para la época la directora de Cultura, Juventud y Género Edita Rojas Atencio.
Ellos deberán responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Según la Fiscalía, los hechos se remiten a un contrato firmado el 14 de abril del 2015, entre el que era gobernador José María Ballesteros y el representante legal del Fondo Mixto César Henríquez Mendoza, a través del cual se buscaba fomentar actividades artísticas y culturales para el fortalecimiento e impulso del sector cultural de La Guajira, en el marco de los 50 años del departamento.
Asegura el organismo investigador que el convenio tenía un plazo de ejecución de siete meses y en principio fue firmado por un valor de $1.120.000.000, tiempo después se aprobó una adición de $550.000.000, para un total de $1.670.000.000.
'Las pruebas recaudadas por la Fiscalía demostrarían que en el proceso de contratación habrían vulnerado los principios de transparencia y planeación, toda vez que se encontró que los estudios previos no coinciden con lo acordado, las actividades culturares no se ejecutaron en su totalidad, y posiblemente se alteraron documentos y firmas en desarrollo del proyecto', asegura la Fiscalía.
Con respecto al gobernador de la época José María Ballesteros, desde el pasado 26 de septiembre 2017, se compulsaron copias ante la delegada de la Corte Suprema de Justicia para que se adelanten las investigaciones pertinentes.
En octubre del 2017 el Tribunal Superior de Bogotá, dictó medida de aseguramiento intramural contra el exgobernador Ballesteros, por el polémico contrato del dengue suscrito por más de 17 mil millones de pesos.
