El juez 75 de control de garantías de Bogotá negó este martes la solicitud de libertad que presentó la defensa de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, en el proceso que se le sigue por irregularidades en un contrato contra la mortalidad infantil en el municipio de Albania.
En su decisión el juez advirtió que no se vencieron los términos de 240 días que da la ley entre la radicación del escrito de acusación y la sustentación del mismo, y que no es cierto que, como lo argumentaba el defensor Antonio Luis González, hubieran transcurrido 261 días desde la radicación el 31 de mayo de 2017.
'El tiempo de los recursos que interpone la defensa se le carga por supuesto a la defensa, y más si son recursos sin relevancia y llamados a no prosperar, por eso se deben restar 49 y 95 días, que duraron los recursos de apelación, y nos queda que han transcurrido solo 135 días', dijo el togado.
Además, el administrador de justicia señaló que el tiempo que el fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, se tomó para pedir el cambio de radicación del proceso de La Guajira a Bogotá -solicitado por falta de garantías en los despachos de este departamento dado que hay testigos amenazados y por el poder político de la exmandataria-, no se le debe achacar al ente acusador debido a que era necesario para salvaguardar la integridad del juicio.
'Es claro que el fiscal debía pedir ese cambio de radicación para proteger la claridad del proceso. (...) Al contrario de lo que dice la defensa, la Fiscalía ha sido juiciosa en este proceso y más por tratarse de un juicio sobre la conducta de una exgobernadora de La Guajira', señaló el togado.
Por su parte, el abogado defensor interpuso un recurso de apelación ante el fallo, por lo que la decisión final quedará en manos de un juez de segunda instancia.
Pinto Pérez es procesada por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, y falsedad en documento privado, por presuntos actos de corrupción asociados a la defraudación de recursos del Programa de Mortalidad Infantil en La Guajira, puntualmente en la firma de convenios interadministrativos con la ESE Hospital San Rafael de Albania por $18.600 millones de pesos.
Además, este jueves en un juzgado de Soacha, Cundinamarca, se resuelve un recurso de nulidad interpuesto en octubre pasado por la Procuraduría y la Fiscalía contra la decisión que otorgó la casa por cárcel a la exmandataria.
El Ministerio Público señaló que la diligencia debía desarrollarse en Bogotá y no en Soacha, como se hizo, y debido a que se realizó sin la Fiscalía y sin el propio Ministerio Público.
El ente de control pidió además al Consejo Seccional de la Judicatura investigar a Antonio Luis González, defensor de Pinto y quien ya era conocido por ser el fiscal que presentó los falsos testigos en el caso Colmenares. El abogado, según el ente de control, habría omitido notificar a la Procuraduría, notificar a la togada de la existencia de una agencia especial en el proceso e informar de la respuesta del fiscal en que informaba que se encontraba en labores investigativas en La Guajira y por eso no pudo asistir a la citación.
Por ello, la Procuraduría pidió al Consejo Seccional de la Judicatura investigar 'la posible comisión de faltas disciplinarias por parte del abogado de la exgobernadora de La Guajira, Antonio Luis González Navarro, entre ellas, que se omitiera la notificación al Ministerio Público sobre la diligencia en el juzgado de Soacha para sustituir la medida de aseguramiento, y que también omitiera informar a la jueza de garantías la existencia de una agencia especial, así como de un correo electrónico del fiscal 28 Anticorrupción, donde le advertía que desde el 10 de octubre estaría en Maicao, La Guajira, en asuntos judiciales propios de su cargo'.
