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El corte de energía que se produjo el viernes 28 de julio del 2017 en la Avenida La Marina o Calle Primera de Riohacha se ha convertido en el más nombrado y polémico en los últimos días en La Guajira.

Esa situación, que podría ser considerada hasta normal en cualquier ciudad de la Costa Caribe colombiana, ha causado un gran revuelo, ya que es el principal argumento que tiene la administración departamental, al responder los cuestionamientos de la Contraloría General de la Nación, sobre lo imposible que ha sido rastrear recursos de regalías por $746.000 millones que se giraron a este departamento entre el 2012 y el 2016.

El ente de control hizo una auditoría financiera en la que se evaluó la gestión presupuestal de los recursos de regalías, los cierres presupuestales de las vigencias de esos años, la gestión financiera y contable y el control interno financiero.

Una primera solicitud de la información fue presentada el 18 de marzo de 2017, pero la Contraloría dice que no recibió respuesta de la Gobernación. Esta solicitud se volvió a presentar el 10 de mayo del mismo año y fue enviada al correo electrónico del jefe de Control Interno Eloy Saurith y tampoco se recibió respuesta.

La Contraloría afirma que una tercera petición se mandó el 10 de septiembre y debido al silencio de la administración departamental, se programó la visita para el 4 de octubre, la cual fue informada mediante un oficio el día anterior.

Esta visita fue atendida por varios funcionarios de la Gobernación y dice el ente que el último día recibió información de forma parcial e incompleta junto con una certificación emitida por el profesional encargado con funciones de contador, en la que argumentó que 'el 28 de julio de 2017 se produjo un fallo en la base de datos del sistema de información financiera y se borró toda la información contable, la cual se encuentra en proceso de reconstrucción', pero en la misma no explicaba la inexistencia de libros impresos o estados financieros firmados por el revisor fiscal de ejercicios anteriores, según aseguró la CGR en un comunicado.

Recursos sin aprobar

El ente de control asegura que en esos años, el departamento de La Guajira obtuvo recursos de regalías por un total de $1,5 billones, de los cuales se aprobaron proyectos por cerca de $1,3 billones. A diciembre de 2016, el departamento tenía recursos sin aprobar por $286.000 millones (el 18% del total estaba sin aprobar).

'En cabeza de la Gobernación del departamento estaba la ejecución de proyectos por valor de $746 mil millones, el valor restante corresponde a los municipios de departamento. La CGR pudo establecer que a diciembre de 2016, la Gobernación tenía un saldo en las cuentas maestras del SGR de $109.594 millones', indica.

Sin embargo, debido a la pérdida de la contabilidad y la no entrega de estados financieros certificados de períodos anteriores, no se pudo establecer la veracidad de la información o el estado real de las cuentas.

'Los anteriores hechos son un reflejo más de los serios problemas de transparencia que aquejan a este departamento, paraíso de paisajes exóticos y rico en carbón, gas y sal. Revelan también fuertes debilidades en La Gobernación de La Guajira en su estructura organizacional, de planeación, de control interno, pero sobre todo de ética y buen gobierno', asegura el ente en la comunicación enviada a los medios.

También indicó que debido a esto se inició un proceso sancionatorio y se compulsarán las denuncias que correspondan a la Procuraduría, La Fiscalía, la Contaduría General de la Nación y a la Junta Central de Contadores.

En una carta enviada a la actual gobernadora encargada Tania Buitrago, le propuso un plan de mejoramiento en el que se lleven a cabo acciones o actividades que permitan eliminar las causas de los hallazgos y registrarlos en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (Sireci) dentro de los siguientes quince días para tomar acciones correctivas y preventivas.

Los recursos no se han perdido: gobernación

El secretario de Hacienda departamental, Marcos Pontón, argumentó que el día que llegó la Contraloría a solicitar la información hubo una caída en el sistema debido a un corte de energía y no se pudo entregar.

'El hecho de que no hayamos brindado la información, no quiere decir que estos recursos se hayan perdido, ahí están, porque de haberse dado esta pérdida de recursos tan grande, los organismos de control ya hubieran encarcelado a muchos funcionarios', afirmó.

El saliente gobernador encargado Weildler Guerra Curvelo dijo, igualmente, que esto es imposible porque el sistema contable se recuperó con la base de datos y fue actualizado, y que además el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene un control completo de esos recursos a través del SGR, que vigila proyecto por proyecto durante varios años a través del aplicativo denominado Gesproy.

La administración departamental indicó, a través de un comunicado, después de aquel corte de energía, en el momento en que se estaba haciendo un proceso de regeneración de la información contable y que produjo un fallo en la base de datos ocasionando la pérdida parcial de la información contable, que inmediatamente se comenzó un proceso de recuperación de la información con la oficina de sistemas y el proveedor del software, utilizando las copias de seguridad y a través del registro manual de las transacciones en el sistema se logró recuperar la información.

'A la fecha de hoy la información contable está al día, completa y disponible, por lo tanto no se ha perdido ni desviado ningún recurso económico', asegura la administración.

Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión han aprobado al departamento de La Guajira, en el período del 2012 al 2016, 81 proyectos por valor de $832.997 mil millones de pesos, incluyendo la deuda de escalonamiento e inflexibilidades.

Estos proyectos se han destinado a sectores como interior, ambiente y desarrollo sostenible, minas y energías, planeación, inclusión social y reconciliación, comercio, industria y turismo, trabajo, cultura, deporte y recreación, comunicaciones, salud y protección social, agua potable y saneamiento básico, agricultura, ciencia y tecnología, transporte, educación, escalonamiento e inflexibilidades.

No obstante, el Departamento Nacional de Planeación, en noviembre de este año, dio a conocer el listado de proyectos críticos, entre los cuales están 36 en La Guajira por valor de $207.925 millones.

Los más cuestionados fueron el proyecto de ‘Implementación y Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sector Educativo y Comunitario a través del uso de las TIC’, por $21.885 millones, cuya entidad ejecutora es el Departamento y el de la construcción de la terminal de Uribia, por $7.944 millones, y en el que no se han adelantado gestiones para garantizar la operación.

Los giros de regalías también estuvieron suspendidos de manera preventiva este año durante tres meses por parte del DNP después que se evaluaran ocho proyectos de los sectores transporte, ciencia y tecnología, cultura, deporte y recreación y minas y energía.

Entre estos está el de la investigación sobre determinantes de la carga del dengue e intervenciones para su reducción firmado en el 2014, el cual se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía.

Falla en los reportes financieros

El Centro de Pensamiento Guajira360 aseguró, a través de su director César Arismendi, quien fue director de Planeación departamental, que el departamento y los municipios han estado fallando en el sistema de calidad, oportunidad y consistencia de los reportes financieros, administrativos, gestión y resultados de los recursos. Igualmente, en las medidas de control para corregir esas fallas.

Esto se estableció en una investigación que han venido desarrollando sobre la pertinencia de la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías.

'Por eso no es extraño que los retrasos en la información se presenten, como ha sucedido en el caso de la Contraloría durante la evaluación que realizaron este año. Situación que nos lleva a tener bajas calificaciones y a generar notas de advertencia y que como consecuencia final, pueden traer la suspensión efectiva del giro de recursos y/o tener un proceso de intervención', aseguró Arismendi.