En fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por 12 años al alcalde de Riohacha Fabio Velásquez Rivadeneira porque según el ente, quebrantó el principio de transparencia y el deber de selección objetiva al suscribir el convenio del PAE, por cuyas irregularidades está detenido.
La decisión también cobija a la secretaria de Educación Dilcey Acosta, quien fue inhabilitada por diez años, por el mismo cargo.
Este es el resultado de la investigación que llevó a cabo la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal sobre el contrato efectuado con la Asociación Social del Caribe (Asocar) por valor de $5.713 millones.
El contrato tenía por objeto: 'El apoyo al Programa de Alimentación Escolar para niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el Simat, vigencia 2016, jornada única y establecimientos focalizados en las zonas urbana, rural e indígena del Distrito de Riohacha, La Guajira', el cual se suscribió de manera directa a través de un convenio de asociación.
Según el organismo de control, los funcionarios participaron en actividad contractual, al parecer, vulnerando el principio de transparencia y de selección objetivo de la contratación estatal, al suscribir este convenio, teniendo en cuenta que las obligaciones que tenía Asocar eran propias de un contrato de suministro.
La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como gravísima, para los dos investigados y en la modalidad subjetiva de la conducta, la delegada de manera provisional, endilgó responsabilidad a los funcionarios, título de culpa gravísima, por desatención elemental de deberes.
Desde febrero de este año, el alcalde de Riohacha y la secretaría de Educación, se encuentran privados de la libertad luego que el juez 81 de control de garantías de Bogotá Freddy Guarín Urrego, les dictara medida de aseguramiento en La Picota y el Buen Pastor por las presuntas irregularidades con el contrato de alimentación de los niños escolarizados de estratos 1 y 2 de la capital de La Guajira.
En los últimos días, la Procuraduría abrió investigación al exalcalde de Cartagena Manuel Duque por acudir a la urgencia manifiesta y evitar la licitación para contratar raciones para 83.974 estudiantes y contra los exgobernadores de La Guajira Sugeila Oñate Rosado, quien estuvo en calidad de encargada y José María Ballesteros, por irregularidades en la contratación del PAE.
