El lunes pasado se entregó en La Guajira la contadora Karen Lizeth Arregocés, quien tenía orden de captura por el proceso de mortalidad infantil en el municipio de Albania, que tiene en líos a la exgobernadora de la península Oneida Pinto, informaron fuentes de la Fiscalía a EL HERALDO.
Arregocés fungía como contadora de los recursos del Programa de Reducción de la Mortalidad Infantil en Albania, La Guajira, por orden directa de Pinto, toda vez que ni siquiera tenía contrato con el municipio.
De hecho, la detenida se estaba desempeñando en la actualidad como subgerente administrativa y financiera del Hospital San Rafael de Albania, el mismo de la presunta defraudación a los recursos de los niños.
El mismo lunes se le legalizó la captura y se le realizó la imputación. Y el martes se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento, en la que la jueza primera de Garantías de Valledupar le impuso medida de aseguramiento intramural, pero teniendo en cuenta que la imputada tiene una niña recién nacida, de cuatro meses, se le concedió el beneficio de la detención domiciliaria mientras se le vence la licencia de maternidad en más o menos un mes.
Fue procesada por los delitos de peculado, en un cuantía de $6.700 millones, y por falsedad en documento público.
En pasado 1 de noviembre, Pinto fue beneficiada por el Juzgado Sexto Penal de Soacha, Cundinamarca, que negó la petición de nulidad hecha por la Fiscalía y la Procuraduría y ratificó su decisión del 10 de octubre de concederle la prisión domiciliaria, con el argumento de que es madre cabeza de familia.
A mediados de octubre, la Procuraduría había pedido la nulidad de la decisión, por considerar que la diligencia debía desarrollarse en Bogotá y debido a que se hizo sin la Fiscalía y sin el propio Ministerio Público.
El ente de control pidió además al Consejo Seccional de la Judicatura investigar a Antonio Luis González, defensor de Pinto y quien ya era conocido por ser el fiscal a quien se le atribuye la llegada de los falsos testigos al caso Colmenares. El abogado habría omitido notificar a la Procuraduría, notificar a la togada de la existencia de una agencia especial en el proceso e informar de la respuesta del fiscal en que informaba que se encontraba en labores investigativas en La Guajira y por eso no pudo asistir a la citación.
Pinto Pérez es procesada por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, por los presuntos actos de corrupción asociados a la defraudación de recursos del Programa de Mortalidad Infantil en La Guajira, puntualmente en la firma de convenios interadministrativos con la ESE Hospital San Rafael de Albania por $18.600 millones.
