En La Guajira el año pasado el sector salud dejó de percibir $15 mil millones, debido a las apuestas, rifas y juegos de azar ilegales, según denunció el asesor jurídico de varias empresas de chance Johnny Ángel Mena Herrera, entre las que está Ganaste que opera en este departamento.
El abogado afirma que lo que sucede en La Guajira es algo 'descomunal y descontrolado', porque dice que estas apuestas constituyen una gran 'empresa criminal después del narcotráfico y la minería ilegal'.
Indica que en esta región hay alrededor de unos 15 juegos ilegales, entre rifas de dinero, apuestas deportivas, juegos de azar y el denominado chance blanco que se hace manualmente en papelitos.
'Hay aquí hasta una rifa ilegal que se llama La Península, la cual rifa $20 millones, pero también las hay que juegan en la mañana, al mediodía y en la tarde, como El desvare o El Cacique', explicó.
Debido a la proliferación de apuestas ilegales, se interpondrán las denuncias pertinentes contra los responsables por los delitos de monopolio rentístico, concierto para delinquir, evasión de impuestos y captación masiva y habitual de dinero del público.
'Estamos recopilando todas las pruebas en los municipios de La Guajira para denunciar ante la Fiscalía General de la Nación', aseguró.
En La Guajira hay tres empresas autorizadas para la venta de chanche que son Ganaste, que opera en los municipios de Riohacha, Manaure y Dibulla, Apsur que está presente en los municipios del sur e Inverapuertas que opera en Maicao.
Mena aseguró que unas mil personas en este departamento se dedican a las apuestas ilegales. 'Incluso los mismos trabajadores de las empresas legales, venden chanche ilegal', afirmó.
Recordó que en Barranquilla fue enviado a la cárcel Alfonso Julio Llerena Hernández, quien fue señalado por la Fiscalía de ser el presunto líder de la organización ‘los Boliteros Millonarios’, dedicada a la venta de chance ilegal en Barranquilla y municipios del Atlántico.
El ente acusador informó que la afectación producida al Estado por la evasión del impuesto, derivado de la actividad ilegal fue de $24.113 millones, de los cuales $6.751 millones dejó de recibir el sector salud del Atlántico en 2015.
