Cuatro exgobernadores y el actual mandatario de los guajiros están comprometidos en los efectos judiciales que les puede ocasionar un incidente de desacato que fue promovido por el exprocurador Ambiental y Agrario Huguez Lacouture Danies, quien a nombre de la comunidad y en representación del Ministerio Público, solicitó ante uno de los despachos judiciales de Riohacha, el cumplimiento de lo dispuesto en una acción popular que obligaba al departamento a construir el puente sobre el arroyo Moreno, conocido también como puente de Machobayo, sitio en el que se han presentado varios accidentes de tránsito con consecuencias fatales.
El oficio que generó el incidente de desacato fue presentado por Lacouture Danies el 28 de julio del presente año y en el mismo dice que 'hay un incumplimiento flagrante de las sentencias de primera y segunda instancia que fueron emitidas'. Dice que esa solicitud las formula sin perjuicio de las sanciones contempladas en el artículo 41 de la ley 742 de 1.998. Esa norma dice que el incumplimiento de una acción popular puede ocasionar multas de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales conmutables en arresto hasta de seis meses y otras acciones de orden penal que se desprenden del mismo hecho.
El puente sobre el arroyo Moreno o Puente de Machobayo, se deterioró hasta quedar inhabilitado en 2.015 y fue a través de una acción popular como las autoridades departamentales, empezando desde Gobernador, decidieron atender la emergencia y ordenaron que se cumpliera lo dispuesto por la Acción Popular, es decir que se reparara la vía desde la Florida hasta Cuestecita en un tramo de 36.5 kilómetros, pero fundamentalmente la construcción el puente.
El fallo comprometió a los gobernadores José María Ballesteros Valdivieso, Oneida Rayeth Pinto Pérez, Wilmer David González Brito, Jorge Enrique Vélez García y al actual mandatario en calidad de encargado Weildler Guerra Curvelo.
El auto expedido por el Juzgado Primero Mixto Administrativo del Circuito judicial de Riohacha, dice además que: 'El despacho se reserva el derecho a vincular a otros funcionarios públicos luego de la apertura del presente trámite incidental'. Así dice que por secretaria se debe oficiar a la Gobernación para que entregue la identidad completa de los gobernadores citados y el número de sus cédulas, también piden la identidad de los secretarios de Obras Públicas que estuvieron en la Gobernación desde 2015 y piden que sea requerido el actual gobernador para que proceda a cumplir con lo que establecen los fallos que han generado el desacato.
Un detalle que se desprende de este hecho es que tres de los exgobernadores: Wilmer González Brito, Oneida Rayeth Pinto Pérez y José maría Ballesteros, están en curso de procesos penales y dos de ellos privados de la libertad.
Uno, Jorge Enrique Vélez fue denunciado por asuntos disciplinarios relacionados con disputas políticas y el quinto, Weidler Guerra, acaba de tomar el mando y ya se está empleando a fondo para defenderse de acusaciones por ahora en redes sociales, situación que ha sido reconocida por él mismo culpando a la clase política tradicional.
