El Tribunal Superior de Riohacha falló una tutela a favor de dos líderes wayuu y ordenó al ministerio de Educación Nacional y a la secretaría de Educación de Uribia, que en el término de quince días hábiles, realice los nombramientos de docentes y directivos docentes para los establecimientos educativos de la comunidad La Flor Patajatamana de esta población de la Alta Guajira.
En el fallo se pide lo mismo para las demás comunidades indígenas del mismo municipio que se encuentren en la misma situación, con el fin de garantizar el servicio educativo para el año lectivo 2017.
En sus argumentos los líderes Reynaldo Ipuana y Josefa Epiayu Ortiz, afirman que desde el año 2015 se inició el proceso para que se realizara la selección de los docentes y la concertación con las autoridades tradicionales del resguardo con el fin de hacer los nombramientos y que este proceso terminó en noviembre de 2016.
Manifiestan que a pesar de esto aún no se han dado estos nombramientos, por lo que consideran que se están vulnerando los derechos a la educación de los niños de Uribia.
Según el Tribunal, el ministerio de Educación Nacional respondió que en el marco de la concertación con las autoridades tradicionales, no se pudo concluir la ruta de talleres, debido a dificultades y contingencias climáticas y geográficas del territorio, pero que esta labor se desarrollará para que los docentes puedan iniciar sus labores en el 2018.
Agrega que para el año lectivo 2017 se ajustará el calendario con el fin de garantizar los derechos de los niños y se lleva a cabo una concertación para contratación por prestación del servicio educativo.
Según el ministerio, el Gobierno Nacional, a través del documento Conpes 3686 de 2017 el ministerio de Hacienda y Crédito Público, determinaron la aplicación de la medida correctiva de asunción de competencia de la prestación del servicio educativo en La Guajira, Riohacha, Maicao y Uribia.
Sin embargo el Fallo indica que a pesar de que se lleva a cabo la labor de socialización y consulta previa con los líderes indígenas, a la fecha no se ha cumplido en su totalidad y se ha demorado el trámite para los nombramientos de docentes en los diferentes centros etnoeducativos, que deberían haber comenzado clases en febrero.
'Bajo estas consideraciones la Sala considera que, los trámites no pueden seguir siendo el obstáculo para llevar a cabo el inicio del año lectivo para los menores, pues sigue transcurriendo el tiempo sin que por lo menos exista un plazo máximo para que los menores empiecen a recibir sus clases', anota el tribunal.
