El juez 35 de control de garantías de Bogotá dictó ayer medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor de la capital contra la ex gobernadora de La Guajira Oneida Pinto, al considerar que podría obstruir la justicia si permanece en libertad y que es un 'peligro para la sociedad' por la gravedad de los hechos que se le imputan.
Para el togado 'existe inferencia razonable de responsabilidad' de la exmandataria en los hechos de corrupción perpetrados con dos contratos para reducir la mortalidad infantil en Albania, La Guajira, en 2011.
'Los elementos materiales probatorios resultan de la mayor claridad y coherencia, más cuando el ex alcalde de Albania Yan Keller Hernández hiciera declaraciones concretas sobre la contratación del Municipio y esas declaraciones cuentan con respaldo de otros testigos', dijo el juez.
Agregó que 'el dicho del exalcalde viene entonces a corroborar lo que ya tenía la Fiscalía contra Pinto, construido desde las declaraciones de las personas que participaron en los hechos'.
Obstruir la justicia
Pinto es investigada por dos contratos que por $18.990 millones firmó Hernández –de quien ella era la jefa política– y de los cuales sustrajeron, presuntamente, de manera lícita $6.591 millones para la campaña de la dirigente política a la alcaldía de Albania en 2011.
Advirtió el juez que los 10 subcontratistas de los convenios, que a su vez subcontrataron a 1.459 personas para que votaran por Pinto a la Alcaldía, 'informaron a la Fiscalía que el control de los convenios lo tenía la señora Oneida Pinto, así como también influía en las situaciones de subcontratación y señalaron que cuando iban al Banco BBVA de La Mina lo hacían en la camioneta de Pinto y acompañadas por algunos empleados de Pinto, y que el dinero lo entregaban en bolsas de basuras para ser llevado a la casa de la señora Pinto'.
Agregó el juez que, contrario a lo que dice su nuevo defensor, el exfiscal Antonio Luis González, no hay evidencias de que la exmandataria sea una 'perseguida política'. Para el despacho la también exgobernadora podría obstruir la justicia en libertad, dado el poder que aún ostenta en la región en que sucedieron los hechos y además por las amenazas que existen contra testigos y fiscales del caso.
'El análisis le permite al despacho señalar que se debe imponer una medida de aseguramiento, dado que representa un riesgo para la comunidad, y la Fiscalía también la señala de pertenecer a una estructura dedicada a defraudar el erario público de la región', puntualizó el juez.
La exmandataria no se allanó a los delitos y enfrenta los punibles de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
Protección a testigos
En la imputación contra Oneida Pinto, la Fiscalía General advirtió que una de los 10 subcontratistas, identificada como Xiomara Sánchez, ha contado con detalle cómo sucedieron los hechos y ha sido amenazada, igual que el fiscal del caso en La Guajira, Gentil de León Mármol. Y que el ex alcalde de Albania Yan Keller Hernández también está pidiendo protección porque 'decidió colaborar y contar lo sucedido'. Y llamó la atención que las víctimas de Pinto son niños y niñas indígenas de La Guajira, 'los más vulnerables entre los vulnerables', afirmó el delegado acusador.
