Tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron este viernes ante el juez 35 de garantías dictar medida de aseguramiento carcelario contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, por ser 'un peligro para la sociedad' debido a la gravedad de los delitos señalados y por 'el peligro de obstrucción a la justicia', dado 'el poder político que aún ostenta en la región y la capacidad de influir en los testigos'.
Al inicio de la diligencia, la exmandataria decidió no allanarse a los delitos comunicados y por lo tanto renunció a las prebendas jurídicas y prefirió enfrentar el juicio por los hechos que se le endilgan.
Los delitos imputados a la exmandataria fueron los de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
El nuevo defensor de la exmandataria, el exfiscal Antonio Luis González, pidió que el fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, leyera con detalle los cerca de 7 mil documentos que asegura fueron falsificados. Pinto coadyuvó la solicitud de su apoderado.
El fiscal, por su parte, advirtió que hay testimonios de personas que aseguran que parte de los 6.591 millones de pesos que se habrían robado de los contratos, fue llevada a la propia casa de Pinto Pérez: 'aquí hubo un baloto que no llegó a los niños de La Guajira sino a la casa de Oneida Pinto'.
Indicó además el investigador que una de los 10 subcontratistas que a su vez subcontrataron a 1.459 personas para que votaran por ella, Xiomara Sánchez, 'ha contado con detalle cómo sucedieron los hechos y ha sido amenazada, igual que el fiscal del caso en La Guajira. Y el exalcalde de Albania, Yan Kéller Hernández, también está pidiendo protección porque decidió colaborar y contar todo lo sucedido'.
Y es que, agregó en este sentido, 'los 10 subcontratistas han hablado del control total que tenía Oneida Pinto sobre lo que tenían que hacer para llevar a cabo la empresa criminal. Incluso, salían del banco Bbva con la plata en efectivo, en bolsas de basura, y se la entregaban a personas de confianza de Oneida Pinto para que se la llevaran a la casa'.
Advirtió además que 'Pinto se inventó el programa de reducción de la mortalidad infantil, para sacar recursos para su campaña. La misma Pinto se reunió con Cleofe Piedra, del Hospital San Rafael, para cuadrar las irregularidades'.
Por ello, concluyó, 'es necesaria la medida de aseguramiento contra la exgobernadora porque es un peligro para la sociedad debido a la gravedad de los hechos delictivos en que incurrió. Además, puede obstruir la justicia, tanto es así que el fiscal en La Guajira que la investigó está amenazado, y puede influir en los testigos, por el poder político que posee'.
'Y es que las víctimas de Pinto son niños, niños indígenas, de La Guajira, es decir los más vulnerables entre los vulnerables', manifestó el fiscal.
A su turno, la procuradora delegada, Mónica Sánchez, encontró 'satisfechos los requisitos para imponer la medida en centro carcelario' y agregó que, además, 'hay inferencia razonable de su responsabilidad como determinadora y hay un grave peligro para la comunidad y para el proceso si no es recluida con medida intramural'.
Puso de presente así mismo la representante del Ministerio Público que 'estos convenios además venían con recursos de las regalías, recursos públicos para temas sociales de las regiones', y criticó que 'este dinero se menudeó a más de mil personas para un interés electoral'.
'Las declaraciones de los coimputados como Yan Kéller Hernández y Xiomara Sánchez son claves para reconstruir los hechos', consideró, y reiteró que la exgobernadora era la cabeza de toda la maniobra: 'tanto, que Pinto despachaba frecuentemente desde la oficina del alcalde, sin ella ser alcaldesa'.
El pasado jueves, el delegado del ente acusador aseveró que la exgobernadora 'era la dueña, ama y señora de la contratación irregular en el municipio de Albania', ya que al menos durante la última década 'gobernó y aún gobierna en cuerpo ajeno en Albania y otras regiones de La Guajira'.
El delegado del ente de control penal explicó que las anomalías ocurrieron en los convenios 008 y 041 de 2011, que tenían como objeto la reducción de la mortalidad infantil por una suma de 18.990 millones de pesos.
En estos convenios, precisó, se subcontrató a 1.459 personas para que votaran por Pinto en su segunda aspiración a la Alcaldía de Albania, y además, le pagaron a cada uno cerca de 500 mil pesos pero registraban pagos por 1 millón 800 mil pesos, configurándose así parte del peculado.
Pinto, alcaldesa de Albania en dos ocasiones, 2004 y 2011, y gobernadora de La Guajira en 2015, 'se casó con su jefe de seguridad Pablo Parra, quien hoy en día es el alcalde de Albania', así que sigue ostentando, de alguna manera, el poder en la región, anotó el fiscal.
La denuncia anónima del 20 de octubre de 2011, que fue la que originó la pesquisa de la Fiscalía, señalaba que había un contrato de reducción de la mortalidad infantil y se había subcontratado a varias personas por un monto pero se les pagaba casi que la cuarta parte de la cantidad.
Así mismo, puso de presente el delegado acusador que el exalcalde Hernández fue el jefe de seguridad de Pinto cuando fue alcaldesa por primera vez: '¿cómo pudo un simple ciudadano del común como Hernández derrotar a avezados políticos? Por el poder económico y político de Pinto. Oneida Pinto y su esposo eran y son los dueños de Albania. Los procesos contractuales de Albania eran manejados por Pinto, ella recibía la mayor tajada, ese fue el compromiso con Hernández'.
Y refiriéndose al delito de peculado, el fiscal lo tasó en un total de 6.591 millones de pesos, que salen de 6.243 millones de pesos no justificados dentro de los convenios 008 y 041 de 2011, 3.769 millones de pesos por doble contratación en el programa de salud mental, 148 millones de pesos de diferencia entre lo contratado y lo pagado y 195 millones de pesos de apropiación de dineros en el contrato de interventoría.
