Una fuente de la Fiscalía le dijo a EL HERALDO que las principales anomalías que se le imputaron la semana pasada al exgobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, tienen que ver con que, al parecer, abrió la licitación pública para la construcción de los 42 megacolegios en La Guajira sin los estudios previos del caso y con aparentes sobrecostos en los predios adquiridos, incurriendo, de acuerdo al ente acusador, en un peculado por $24.090 millones.
'No hubo estudios técnicos y siguió adelante con el trámite contractual, ordenando la apertura de la licitación pública' en esas condiciones, indicó la fuente del organismo de investigación penal a este diario, refiriéndose al contrato 770 de 2011, por $134 mil millones, suscrito durante el mandato departamental de Pérez, que fue de 2008 a 2011.
'Además, el valor diferencia en el contrato -comparándose los precios reales de mercado con los pagados- fue de aproximadamente $16 mil millones y hubo sobrecostos en los predios', le dijo la fuente de la Fiscalía a este medio de comunicación.
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Pérez responde por la licitación en la que resultó triunfadora la Unión Temporal del Norte, conformada por la firma Ávila Ltda. y HH Arquitectura, y por la que también han sido imputados y tienen con restricciones para salir del país: los hermanos Antonio Ramón, Carmenza y Jorge Ávila Chassaine; Almis Enrique Alberto Martínez, John Luis Polo Suárez y Álvaro José Ávila Durán.
Entre tanto, cursa en el despacho del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Juan Carlos Garrido, un recurso de hábeas corpus interpuesto por el abogado Alejandro Bernier Vélez, defensor del exgobernador, y con el cual pretende obtener la libertad de su apoderado.
El exmandatario había comparecido a una citación del Tribunal Superior de Bogotá, para conocer de una investigación en su contra, y en la primera audiencia se le imputaron el lunes de la semana pasada los cargos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. Luego, el viernes, el togado le impuso medida de aseguramiento carcelario.
El recurso debería ser resuelto por el magistrado Garrido el próximo jueves, de acuerdo a los términos legales.
Otro de los argumentos del togado fue que Pérez Bernier estaría intentando obstruir el proceso, de acuerdo a una veintena de grabaciones telefónicas en poder del ente investigador en las que se da cuenta, además, de que el exgobernador está en contacto con Antonio Ávila, otro de los procesados.
En las audiencias en que compareció Ávila, a finales de octubre y principios de noviembre pasados, se conoció, precisamente, que hubo ausencia de estudios de mercado, con los que se fijan los valores de un contrato:
'no se encontró soporte de precios, ni valores que permitieran establecer cómo se estimo el presupuesto de la obra, cómo se estimó el costo de los diseños; no se dejaron directrices claras de qué tipo de construcción, tipo de acabados y elementos arquitectónicos se debían implementar', planteó la Fiscalía entonces.
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También puso de presente el ente acusador en dichas vistas que 'en su totalidad, el monto de los anticipos resultaron ser operaciones ficticias de compraventa de bienes y servicios' y que 'la señora Carmenza Ávila, usando dineros del anticipo, realizó movimientos financieros; existe un informe de que en total sumaron $6.918 millones, recursos que no fueron aplicados al objeto del contrato como tal, sino desviados, y que fueron a parar a manos de terceras personas'.
