La salud mental del gobernador encargado de La Guajira Jorge Enrique Vélez fue puesta en duda por la Asamblea departamental, que aprobó una inusual proposición en la que no solo se pide una examen psiquiátrico al funcionario, sino que también sea sometido a una rehabilitación mental y psíquica, si es necesario.
En la sesión ordinaria de este martes, ocho de los once diputados estuvieron de acuerdo con esta iniciativa, a través de la cual se pide determinar si Vélez está en capacidad de celebrar contratos y otras acciones administrativas en nombre del departamento.
Esto terminó de evidenciar las pésimas relaciones que siempre existieron entre la Duma departamental y el mandatario, quien llegó al cargo por designación del presidente de la república Juan Manuel Santos para reemplazar a Oneida Pinto, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado.
El diputado Idelfonso Medina, quien fue el proponente de esta iniciativa y ha sido uno de los principales críticos de la gestión del encargado, explicó que esta se fundamentó en los resultados de la encuesta que se llevó a cabo después del programa Pregunta Yamid, donde participó Vélez.
'Después de la entrevista se hizo una pregunta: ¿cómo considera al gobernador: héroe, patriota o loco? y el 66% respondió que era un Loco, por lo que consideramos pertinente que se hiciera un examen mental', indicó.
La proposición es la No.022 y en esta también se argumenta que 'ha sido de público conocimiento tanto a nivel departamental como nacional de todas las incoherencias, imprecisiones y desvaríos del doctor Jorge Enrique Vélez'.
Por lo tanto, en su artículo primero se pide 'Promuévase por parte de la Asamblea una demanda de interdicción, ante los Juzgados de Familia, en un proceso de jurisdicción voluntaria que determine la discapacidad mental o no del doctor Jorge Enrique Vélez García, para celebrar negocios jurídicos en nombre del Departamento de la Guajira'.
Igualmente se solicita que si se declara la interdicción a Vélez, ya sea provisional o definitiva, el Juez de conocimiento decrete las medidas de protección personal que considere necesarias y las terapéuticas, pues con este proceso la asamblea de la Guajira afirma que también busca la rehabilitación mental y psíquica del mandatario.
Astrid Ariza, diputada del partido Liberal, quien votó a favor de la proposición, aseguró en la sesión que Vélez García 'no es digno de regir los destinos del departamento' y lo calificó como 'enemigo del pueblo guajiro'.
Además de Ariza y Medina, los diputados que votaron favorablemente fueron Eimer Alberto Rodrìguez, Michel Pérez Fuentes y Genaro Redondo de la Alianza Social Indígena, Hilber Pinto Aragón de Cambio Radical y presidente de la Asamblea, Blas Quintero Mendoza y Maikel Castilla de Opción Ciudadana.
Entre los que votaron no estuvieron María Estela Peñalosa y Gabriel Pinto Redondo, del partido de la U, así como la conservadora Karina Navas, quien consideró que esta iniciativa era una falta de respeto con el gobernador encargado. 'Quien exige respeto, primero debe respetar', enfatizó.
En varios medios de comunicación el gobernador encargado, además de pronunciarse sobre las amenazas en su contra y de su familia a las cuales fue vinculada Oneida Pinto, ha afirmado que se encuentra 'maniatado', ya que la Asamblea no le ha dado facultades para celebrar contratos y convenios.
Diputados, ¿amenazados?. En la sesión ordinaria de la Asamblea Departamental también se denunció que por lo menos cinco diputados habrían sido amenazados de muerte a través de mensajes de texto que llegaron al celular de la diputada Astrid Ariza. Según el presidente de la corporación Hilber Pinto Aragón, las amenazas eran porque ellos no le habían otorgado facultades al gobernador para contratar y celebrar convenios.
Indicó que la denuncia penal contra personas indeterminadas ya se interpuso ante la Fiscalía General de la Nación, para que se inicie la investigación.
