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La Gobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez presidió un consejo de gobierno en la sala de juntas de su despacho, mientras espera la respuesta del Consejo de Estado al incidente de nulidad presentado al Consejo de Estado, que anuló su elección.

Según la mandataria, el objetivo fue conformar una comisión de empalme que debe estar lista y preparada para 'cualquier eventualidad'. 'Hoy estamos gobernando en La Guajira y hay institucionalidad, ya que como ciudadana presenté los recursos de nulidad y aclaración que me permite la Constitución', manifestó Pinto.

La comisión de empalme está conformada por los secretarios de Hacienda José Durán, de Obras y Vías Lorenzo Javier Iguarán Solano, de Desarrollo Económico Rubén Fuentes Aragón, la jefa de Contratación Rosmy López y los abogados Fabiola Fonseca y César Bacca.

'Después de conocer el fallo del Consejo de Estado insté a mi equipo a organizarse para entregar cualquier información que soliciten los organismos del Estado y los entes de control', indicó la mandataria.

La defensa de Oneida Pinto presentó al Consejo de Estado un Incidente de Nulidad de Carácter Constitucional contra el fallo, del pasado 7 de junio, con el que se anuló su elección como gobernadora de La Guajira.

Su nuevo apoderado, el abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, aseguró en el recurso que se violó el derecho al debido proceso 'causado por el desconocimiento de los principios de igualdad, confianza legítima en el precedente, derecho adquirido y pro libertate'.

Por esto pide al magistrado ponente Alberto Yepes, que se declare la nulidad de la actuación a partir de la audiencia de trámite para que quede sin valor el auto que decretó la prueba oficiosa.

Así mismo la mandataria departamental solicitó la aclaración de la sentencia emitida por el Consejo de Estado, pidiendo específicamente que se respondan varios interrogantes.

Pinto Pérez igualmente envió una comunicación al fiscal general encargado Jorge Perdomo, en donde se puso a disposición de la Fiscalía, ante el anuncio de una investigación por su presunta responsabilidad en la apropiación de recursos para la niñez , en hechos ocurridos en el municipio de Albania en 2010.