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Riohacha. El procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció que estará vigilante de las acciones que el Gobierno Nacional emprende en La Guajira para enfrentar la crisis de hambre y sed al igual que en el cumpkimiento de las medidas cautelares decretadas por parte de la CIDH a favor de la población wayuu.

Calificó de 'totalmente insensible' la solicitud del gobierno para revocar esas medidas cautelares.

Durante el Conpes extraordinario cumplido en Riohacha, sostuvo que 'No puede seguir pasando que las autoridades incumplan sus funciones y no pase nada',

En cambio, el director de la Red de Veedurías el Caribe, Luis de la Hoz, pidió mantenerlas porque el Estado debe demostrar que las medidas urgentes y de carácter estructural que ha venido aplicando son efectivas y van a evitar que los niños wayuu sigan muriendo por desnutrición.

El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y exministro guajiro Amylkar Acosta, aseguró que aunque reconoce la gran inversión que ha hecho el gobierno Santos en La Guajira, considera que la Cancillería se precipitó al solicitar la revocatoria de las medidas cautelares.

A su turno, la procuradora para la Infancia y la Familia Ilva Hoyos, criticó a Alcaldías y Gobernación de La Guajira porque no entregaron el registro de la población indígena menor de 5 años. 'Si no las tenemos, de qué manera se elaboran los planes de desarrollo, a partir de qué realidad se puede hacer algo efectivo', anotó.

Ante estas omisiones Ordóñez llamó la atención a la Procuraduría Regional y anunció que se enviará un funcionario para que asuma las investigaciones. 'Queremos romper con este aislamiento que hay en la Procuraduría aquí y lograr resultados'.

Acabar con corrupción. La directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, quien desde ayer despacha desde La Guajira, indicó que será 'implacable' en el seguimiento y control a los operadores que fueron contratados. 'Eliminarla de corrupción de raíz es lo único que realmente evitará más muertes de niños wayuu'.

Varios asistentes le preguntaron sobre el atraso de los programas de recuperación nutriciona, a lo que respondió que si bien concertaron con autoridades indígenas, hubo desacuerdos que han impedido iniciar operación. 'Cuando las comunidades nos dejen entrar a operar, iniciaremos. No podemos seguir enredados en que tiene que ser con dos operadores, acá priman los derechos de los niños'.

Caribe Sin ‘Jamushiri’. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, propuso la reactivación del programa ‘Caribe Sin Hambre’ en la región para evitar más muertes entre los wayuu.

El problema -anotó- va más allá de las rancherías, puesto que la tasa de malnutrición de la Región Caribe es la más alta del país. Tenemos 600 mil hectáreas de 7 millones hábiles para ser cultivadas y la mayoría están dedicadas a la palma africana, 'o sea que no tenemos cultivos para cumplir con el objetivo claro de abastecimiento alimenticio'.