RIOHACHA. Medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, fue impuesta por un juez especializado de esta capital a dos proveedores presuntamente involucrados en el millonario desfalco al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en dos de los contratos suscritos en 2015 con la Fundación Un Mejor Vivir.
Róbinson Antonio Román Dávila, proveedor de papelería, y Liliana Sofía Cabas Ochoa, proveedora de refrigerios, tenían órdenes de captura desde finales de 2015 por su participación probablemente irregular de suministros para atender a los niños beneficiados con el programa de atención integral Primera Infancia del Bienestar Familiar.
Las acciones ilícitas se habrían cometido en el desarrollo de los contratos 375 y 383 firmado el año pasado.
En noviembre, cuando se destapó el escándalo no solo por la mortalidad elevada de niños en La Guajira, sino por las primeras capturas, la Fiscalía General de la Nación dijo en un comunicado que '(...) las acciones se desarrollaban por las irregularidades presentadas en la contratación del ICBF para la atención integral a la Primera Infancia, en la cual se determinó que en el año 2015, en La Guajira, se destinaron para la atención integral a niños y niñas menores de cinco años y madres gestantes y lactantes, la suma de 141 mil millones de pesos, de los cuales se adjudicaron 77 mil millones mediante convocatoria a 73 operadores a través de la celebración de 106 contratos de aporte para atender aproximadamente a 27 mil beneficiarios y dentro de los cuales se evidenció una defraudación que asciende a los 2.217 millones de pesos'.
EMPRESA CRIMINAL: FISCALÍA. En la audiencia para definir la situación jurídica de Cabas y Román, quienes proveían a Un Mejor Vivir desde sus empresas personales, la fiscal calificó a la fundación como una empresa criminal creada desde el principio con el objetivo de apropiarse de los dineros que debían ser destinados a la alimentación de los niños.
La fiscal especializada destapó situaciones que fueron halladas en el curso de la investigación iniciada desde noviembre, en la que encontraron, por ejemplo, que Un Mejor Vivir compraba a un proveedor de Riohacha panes o mogollas a 166 pesos y en las facturas que le fueron entregadas al ICBF ese mismo producto aparecía costando 640 pesos, 'con lo cual se puede apreciar la magnitud del detrimento que se estaba causando'.
La fundación pagaba por panes a un proveedor, quien no quiso entrar al negocio ilícito, un poco más de dos millones de pesos y la factura que le llegaba al Bienestar sumaba cerca de 38 millones de pesos, se dio a conocer ante el juez.
DESCABELLADOS SOBREPRECIOS. En el caso de Róbinson Román Dávila, a través de su empresa, también los investigadores hallaron situaciones alarmantes.
La fiscal dijo que con los funcionarios de Policía Judicial encontraron, por ejemplo, que una resma de papel carta que el comerciante adquiría en una papelería de Santa Marta por 7.300 pesos, cuando la facturaban al ICBF costaba 11.800 pesos.
Con las resmas de tamaño oficio encontraron que su costo de compra era de $7.400 y al Instituto se las facturaban por 14.478 pesos.
Según las cuentas de la Fiscalía General, el sobrecosto era del orden de 45,7%.
En la imputación, la Fiscalía dijo que, no conformes con este sobrecosto, los presuntos responsables de esta parte del desfalco fueron más allá en las acciones dolosas. Encontraron que en la fundación muchos de los productos que habían sido facturados nunca ingresaron al ICBF.
Con los recursos destinados para el transporte del personal del programa ocurrieron también situaciones probablemente irregulares, pues, según la fiscal, un ciudadano que había sido contratado como conductor aparecía cobrando una millonaria suma por este servicio a educadores, psicólogos y auxiliares.
NECESITABAN APOYO. La fiscal que lleva la investigación dijo que desde el inicio de la creación de la empresa y la adjudicación de los contratos 375 y 383, la representante legal de la fundación, Solimar Rodríguez, 'supo que para su empresa criminal necesitaba apoyarse en otras personas y por eso involucró a, por lo menos, ocho ciudadanos más'.
El propietario de un depósito de víveres de Riohacha, quien al igual que la representante legal de la fundación está detenido, fue otro de los que terminó involucrado y comprometido jurídicamente. La Fiscalía aseguró que esta persona presentaba facturas con precios inflados y cuando llegaban el ICBF 'las diferencias eran alarmantes'.
Tras la argumentación, la fiscal les imputó a Róbinson Antonio Román Dávila y a Liliana Sofía Cabas Ochoa los delitos de concierto para delinquir, peculado y falsedad en documento privado.
Los defensores de los dos capturados, pese a sus exposiciones, no pudieron convencer al juez especializado de la inocencia de sus clientes, quien, sin embargo, les otorgó el beneficio detención domiciliaria.
Con estos dos ya son ocho los detenidos en sus casas por los escandalosos hechos descubiertos en el Bienestar Familiar de La Guajira y una de las fundaciones con las que se contrató.
Entre los detenidos no solo hay particulares: dos funcionarios del ICBF también están pendientes de decisiones penales por no haber cumplido a cabalidad con su función de supervisar los contratos citados.
