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Por tercer día continuaron las protestas de estudiantes en la Universidad de La Guajira debido al atraso en el pago de salarios a los docentes, el cual atribuyen al incumplimiento en los giros por parte de la Administración Departamental.

A pesar que tanto el rector del alma mater Carlos Robles y el gobernador de La Guajira José María Ballesteros, hicieron un llamado a la calma y a la cordura, los manifestantes cerraron la vía a Maicao por espacio de una hora y el Esmad nuevamente tuvo que intervenir para abrir el paso de los vehículos.

En las últimas horas la Administración Departamental tomó la decisión de decretar el levantamiento total y definitivo de la medida cautelar de embargo que pesaba sobre las cuentas bancarias de la Universidad.

'La decisión fue dada a conocer como gesto de buena voluntad y entendimiento de parte del Gobierno Departamental, que ha mostrado su total interés de destrabar la actual situación financiera que afecta a ambas instituciones', manifestó el mandatario.

Agregó que se han venido realizando varios giros entre los cuales está uno de $2.228 millones y otros de $1.300 millones por concepto de estampillas, correspondiente al mes de septiembre.

'Además el Departamento giró $1.900 millones de pesos al Alma Máter la semana anterior por concepto de estampillas correspondiente al mes de agosto, abonos con los cuales demuestra su compromiso de seguir cumpliéndole a la academia', aseguró Ballesteros.

Por su parte el vicerrector financiero de Uniguajira Boris Romero dijo que están abiertos al diálogo, pero que esperan unos $12.000 mil millones para poder cumplir con el pago de salarios a docentes, catedráticos y personal administrativo.

Alcibiades López docente de la universidad dijo que hay un parte de tranquilidad, porque la Administración Departamental ha hecho estos giros con los que esperan cumplir algunos compromisos y reiniciar las clases.

explicó que el pasado 17 de octubre en la reunión que se sostuvo con la viceministra de Educación Natalia Ariza Ramírez, se llegaron a unos acuerdos que han sido incumplidos por parte de la Gobernación.