La Contraloría General de la República advirtió sobre múltiples irregularidades que podrían estar ocasionando las muertes de niños en La Guajira debido a la desnutrición.
En una visita que hizo a las comunidades indígenas encontró que los siete resguardos de Riohacha tienen en sus cuentas casi $5.000 millones de pesos por problemas en la concertación.
'Qué pasa con las comunidades que no hacen parte de ningún resguardo y las que no reciben transferencias, que también viven el drama del agua y del hambre', aseguró el contralor delegado para la Participación Ciudadana Carlos Mario Zuluaga.
Igualmente aseguró que en las secretarías de Salud, departamental y municipales se encontró una deficiencia importante en la supervisión de los operadores.
'En Manaure no se tenían las planillas, no entregaron la información y los operadores no colaboraron para obtener las carpetas completas. También se identificó falta de recursos para atender a todos los niños, y hasta el incumplimiento de los contratos por parte de los operadores en cuanto a la afiliación de las manipuladoras y la calidad de los alimentos', afirmó.
Asimismo se requirió a la Secretaria Departamental de Riohacha las planillas de los beneficiados o algún listado que diera cuenta de la entrega de los desayunos y las copias de los contratos o convenios suscritos, recibiéndola de manera tardía, según indicó.
En los últimos seis años han muerto en este departamento 2.969 niños, 278 de ellos por desnutrición y los demás por otras patologías, muchas de ellas asociadas a la misma problemática, según una tutela interpuesta por el director de Planeación Departamental César Arismendy, que fue negada por Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira.
Según el Instituto Nacional de Salud 25 niños murieron el año pasado por desnutrición en La Guajira, pero las estadísticas vitales del Dane indican que fueron 34.
Superintendencia cuestionó a las empresas de salud. Las EPS, IPS, el ICBF y las secretarías de Salud de La Guajira, también fueron cuestionadas en una reunión que sostuvieron sus representantes con funcionarios de la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo en Riohacha para analizar las razones por las cuales los niños se mueren en esta región por desnutrición.
Iván Guerrero funcionario de la Superintendencia de Salud aseguró que en La Guajira hay una gravísima debilidad institucional en la articulación de la salud pública, lo que dificultad la atención de muchos sectores vulnerables.
'Por un lado las EPS argumentan que es difícil llegar a lugares apartados, pero cuando fueron a afiliar a las personas, si enviaron promotores, sin analizar el costo que les implicaba la atención de esos usuarios y por otro lado los entes territoriales no están haciendo auditorías y seguimiento a estas empresas', aseguró durante su intervención.
Agregó que en La Guajira hay pésimas coberturas de vacunación, lo que aumenta el riesgo de morir para los niños, además el 70% de los municipios no han contratado los Planes de Intervención Colectiva.
Guerrero indicó que las 17 historias clínicas analizadas estaban pésimamente elaboradas y solo cinco tenían los antecedentes personales de los niños.
Por último hizo un análisis del papel de las IPS indígenas que están en el departamento y aseguró que, siendo uno de los que más cuenta con estas instituciones, no hay programas efectivos de prevención y promoción para la población wayuu.
A pesar de esto, la Superintendencia de Salud también salió regañada por parte de la Procuradora Delegada para Asuntos de Infancia, Adolescencia y Familia Maritza Brito, quien aseguró que hace dos años advirtió de esta situación al organismo y solo recibió respuesta hace seis meses.
'Desde la Procuraduría hemos estado enviando casi cada mes comunicaciones a EPS, IPS y entes territoriales para pedir explicaciones de lo que pasa, porque la responsabilidad es de todos y por lo tanto todos deben actuar', indicó la funcionaria del ente de control.
Son muchas las causas que están ocasionando la muerte de los niños afirma la Defensoría.
La Defensoría del Pueblo en su informe explicó que el problema de la desnutrición en La Guajira tiene muchas causas y no solo se trata de alimentación. María Cristina Hurtado defensora delegada para los derechos de niños y adolescentes, afirmó que la potabilidad, los hábitos alimenticios, la falta de políticas públicas y la falta de una búsqueda activa, son algunas de las principales causas de las muertes de estos niños.
Agrega que no existen programas de promoción y prevención, no hay controles prenatales, la vacunación es muy baja y los menores se están alimentando con mazamorra y chicha solamente.
En el ICBF encontraron que no cuenta con datos estadísticos y sistema de información georreferenciada de la población indígena. En muchos casos son las mismas comunidades las que tienen censos, pero no son válidos.
La Defensoría del Pueblo asegura igualmente que no se pueden argumentar dificultades de orden cultural para no garantizar la atención a la población wayuu, porque deben existir estrategias que permitan cambiar estos hábitos culturales.
En cuento al programa alimentario departamental PAN, asegura que este es de baja cobertura y solo fue diseñado para diez meses que se terminan en junio, sin que haya garantía de una continuidad porque no hay recursos para ello.
