La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó este miércoles desde Barranquilla los resultados del ‘Informe Defensorial de Salud 2025, Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia’, así como las acciones propuestas por la entidad para mitigar las problemáticas que enfrenta la ciudadanía usuaria del sistema de salud.
Sin embargo, en medio del encuentro, abrió un espacio a medios de comunicación para responder sobre temas locales de seguridad y orden público.
En esa línea expresó que la Defensoría hacía un seguimiento al tema de los diálogos de paz o tregua en Barranquilla y su área metropolitana entre las estructuras criminales ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, la cual cumplió un mes el pasado 2 de noviembre.
“Nosotros tenemos una información sobre la tregua que se hizo a principios de octubre y pues se ha visto una reducción de hechos de violencia letal en la ciudad. Esto es positivo. Sin embargo, también hemos pedido al Gobierno algunas claridades respecto de cuál es el ámbito de estas conversaciones, para evitar que estos diálogos sean sencillamente como unos acuerdos provisionales de distribución de las economías ilícitas, sin que conduzcan realmente a un desescalamiento de las violencias más estructurales”, expresó.
Aparte, Marín Ortiz señaló que para la región Caribe y el Atlántico continúan vigentes unas alertas tempranas emitidas con anterioridad por la entidad, en las que se evidencia la presencia de estructuras criminales con dominio en todo el territorio nacional y otras de carácter transnacional.
“En el departamento de Atlántico tenemos cuatro alertas tempranas vigentes: la alerta 029-2022 que es para los municipios de Baranoa, Luruaco, Polonuevo, Repelón y Sabanagrande; la alerta 022 del 2023 que es para Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad y dos alertas de carácter nacional incluyendo la alerta electoral reciente de carácter nacional. En el departamento de Atlántico lo que vemos es una presencia más bien dominante del Clan del Golfo, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, pero también grupos de criminalidad organizada, no solo nacionales sino también de carácter internacional como el cartel del Sinaloa, el cartel de los Balcanes y el Tren de Aragua”, reiteró la defensora.
Y agregó que eso “se está presentando en varias zonas del país. Es no diría común, pero lo hemos visto en varias ciudades del país, en especial centros urbanos importantes como es la ciudad de Barranquilla, donde hay un interés importante con las economías ilícitas, el microtráfico y también la salida internacional de mercancías provenientes de economías ilegales”.
Ante eso, de acuerdo con Marín Ortiz, la Defensoría tiene una serie de recomendaciones. “Generalmente recomendamos el uso persuasivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, pero también es importante la coordinación de la respuesta institucional a través de medidas de prevención más general relacionadas, por ejemplo, con la administración de justicia, la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, que los procesos de conversación que se adelanten sean procesos que estén basados en los derechos de las víctimas y que puedan conducir al desescalamiento de las violencias, así como medidas de protección individual y colectiva a las personas que están siendo amenazadas”.
