Poco descanso tuvieron los miembros de la Policía Nacional y de las autoridades locales por la gran cantidad de hechos criminales que se registraron en el primer semestre de este 2025 en Barranquilla y el resto del Atlántico.
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Las alarmas estuvieron encendidas incluso desde el primer mes del nuevo año con una masacre que se cometió en Sabanagrande, con saldo de tres víctimas fatales, y un atentado en Barranquilla contra dos figuras del crimen local, alias Gordo 40 y su hermano Danny 40, lo que alcanzó a reflejar en parte lo ocurrido en todo 2024 en el departamento del Atlántico, cuando se reportaron más de 900 asesinatos en su mayoría atribuidos a las vendettas del crimen organizado.
Enero se catalogó entonces como uno de los más sangrientos que haya tenido la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana durante los últimos años, contabilizando al menos 85 homicidios, cifra que superó la del mes de enero de 2024 cuando las muertes violentas ascendieron a 63 en la misma jurisdicción.
En vista de esa circunstancia y con una temporada de carnaval que se avecinaba, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, elevaron una solicitud a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para enfrentar esa oleada criminal que afectaba a la comunidad.
La respuesta de la Fiscalía fue la asignación de seis poderosos fiscales dedicados a atacar el crimen organizado y cuatro funcionarios más que llegaron a reforzar la unidad de investigación de homicidios de la Seccional Atlántico del ente investigador.
La tarea fue clara para los nuevos funcionarios: tratar de disminuir los números de homicidios asociados al sicariato y, para ello, se empezó por identificar a esos actores del crimen que hacían parte de las estructuras criminales que operan en este territorio y, posteriormente, sacarlos de las calles.
En ese sentido, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en conjunto con la Fiscalía, consiguieron las detenciones de ocho de estos personajes que habrían participado y perpetrado múltiples asesinatos en la jurisdicción. Los detenidos habían sido partícipes, como autores o determinadores, en por lo menos 50 homicidios, aseguraron en su momento fuentes policiales.
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Pero, en paralelo, el ente investigador, a través de la Dirección de Apoyo Territorial, le imputó 17 homicidios a Digno José Palomino Rodríguez, jefe de la estructura criminal ‘los Pepes’, los cuales fueron ejecutados por su organización ilegal para amedrentar a pobladores, transportadores y comerciantes, y asumir el control de la venta de estupefacientes al menudeo, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas.
Con esas medidas, las autoridades lograron ponerle freno a los ríos de sangre por las vendettas entre estructuras criminales en el Atlántico de manera temporal. Al menos para el cierre de febrero. Hubo algunos días de paz.
Sin embargo, el homicidio del fiscal Norbey Ruiz Correa, de 50 años de edad, muerto a tiros en el barrio Galán, en la localidad Suroriente de Barranquilla, en medio de un caso de fleteo, volvió a dejar una atmósfera de terror en este territorio.
En marzo, en medio de los carnavales, se disparó nuevamente el homicidio y la fuga de siete menores de edad del Centro de Reeducación El Oasis reveló un temible plan gestado por miembros de la estructura criminal ‘los Costeños’, con injerencia en Barranquilla y su área metropolitana.
Aquello dejó que en dos de los cinco fines de semana del tercer mes del año fueran asesinadas a tiros 24 personas, bajo la modalidad de sicariato. La mayoría de estos casos sucedieron en medio del plan de las estructuras criminales de expansión o de reacomodamiento en las localidades para la venta de droga, según las investigaciones de las autoridades. Aunque otras investigaciones también asociaron algunos hechos a atentados extorsivos.
El primer trimestre
El académico y director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, Janiel Melamed, hizo un análisis de los hechos violentos que se presentaron en Barranquilla y en municipios del área metropolitana y, para el cierre del primer trimestre, señaló además a tres poblaciones por fuera del área metropolitana en “alto riesgo”.
A través de su cuenta de X, Melamed indicó que en los tres primeros meses de 2025, en el caso del Distrito de Barranquilla “mostró una desaceleración y cerró el trimestre con una leve disminución de casos frente al trimestre del año anterior”.
En ese sentido, Barranquilla y las cuatro poblaciones del área metropolitana sumaron 180 homicidios en el primer trimestre de 2025, y en comparación con 2024 la diferencia fue de 4 casos más, pues en el mismo lapso hubo 176 eventos.
Sin embargo, según la publicación de Melamed, la situación en los municipios restantes del Departamento del Atlántico, que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla, “mostró una tendencia de detrimento vertiginoso y acelerado”.
“El cierre del primer trimestre de este 2025 dejó 32 homicidios intencionales en el Departamento del Atlántico frente a 14 que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Eso es un Incremento del 128 % y dejó un mal pronóstico si se analiza en términos de tendencia, pues en tan solo 3 meses la Gobernación del Atlántico enfrentó en registros homicidas el 41 % de los casos de todos los homicidios registrados en 2024, que fueron 77″, precisó.
Este aumento de los homicidios en poblaciones fuera del área metropolitana de Barranquilla también se relacionó con las disputas por el control de las rentas ilícitas, en particular el narcotráfico y la extorsión, que todavía libran actores criminales como ‘los Costeños’, ‘los Pepes’ y ‘los Rastrojos-Costeños’, entre otros.
Anuncios y violencia en abril y mayo
A comienzos de abril trascendió la noticia sobre esa intención de diálogo entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, promovida supuestamente por los líderes de dichos grupos criminales, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino Rodríguez.
El vocero de una de las bandas habló de una supuesta “tregua” de cese al fuego que, según su declaración, fue pactada desde el pasado 11 de febrero al 15 de marzo, un espacio en el que evidentemente se redujeron los homicidios en las zonas de injerencia de estas dos organizaciones.
No obstante, las autoridades dejaron claro claro que en el lapso aportado en el documento elevado al alto Comisionado para la Paz, desde el 11 de febrero al 15 de marzo, coincidió con las capturas realizadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla de temibles sicarios al servicio de las dos estructuras y del Clan del Golfo, involucrados en por lo menos 50 homicidios.
La versión de esa intención de paz en abril vino acompañada, además de la celebración de la Semana Mayor, de la desarticulación de una red criminal dedicada al robo de tierras, y la muerte de la patrullera de la Policía del Atlántico, María Alejandra Guerrero Montiel, investigada como violencia de género.
En mayo, otros tres crímenes de mujeres estremecieron las poblaciones de Ponedera, Malambo. Y Puerto Colombia.
Se trató de las muertes de Cristina Paola Escorcia González, de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en una parcela del sector de El Bronx, una invasión ubicada en el Ponedera; la de Yalileth Vanessa Vides, de 23 años, hallada muerte y con signo de violencia en Malambo y el de la profesora Lissi Judith Camargo Noriega, de 63 años de edad, muerta a balazos en medio de un presunto caso de abuso de poder y equivocación.
Cierre de semestre
Junio nuevamente trajo una sensación de peligro en Barranquilla y su área metropolitana por cuenta de una masacre en una casa finca de Puerto Colombia donde se desarrollaba una fiesta electrónica. El hecho dejó tres víctimas mortales y nueve heridos.
Una de las hipótesis del triple crimen fue la disputa entre dos presuntos miembros de ‘los Costeños’ que participan del evento y, al parecer, tuvieron diferencias por el pago de unas dosis de Tussi o cocaína rosada. Aunque el caso continúa en investigación para dar con los responsables del ataque y del o los determinadores.
Por otra parte, también se sumó la dolorosa muerte de los esposos Roberto Vásquez Camargo y Porfiria Escorcia Villalba, en medio de un caso de hurto dentro de su vivienda en el barrio Altos de Riomar.
Dentro del mismo periodo hubo incremento de homicidios asociados nuevamente a las vendettas entre estructuras criminales y a un ataque contra el gremio de motocarristas de Soledad y Malambo por extorsión.
Y finalmente un intento de homicidio contra Digno Palomino en la cárcel de La Dorada, Caldas, en un plan que venían tramando cabecillas de ‘Los Costeños’ para desestabilizar a su estructura criminal encendió las alarmas en territorio atlanticense.
En total, el primer semestre de 2025 dejó en Barranquilla y su área metropolitana 370 víctimas de la violencia, 22 más que en el mismo periodo de 2024 cuando se reportaron en la misma jurisdicción 348 muertes.
En el Atlántico, la cifra global fue de 451 las muertes violentas, sin incluir casos de accidentes de tránsito o suicidios.
Alertas
El profesor e investigador académico Luis Fernando Trejos explicó que durante el semestre lo que hubo fue variaciones en los picos de violencia que mostraron una aparente calma durante cortos periodos mes por mes.
Reconoció que las decisiones de las autoridades para contener el homicidio durante los cuatro primeros meses sirvió y “se lograron contener un poco las cifras en esos cuatro meses”.
No obstante, alertó de ese cierre dramático por la escalada criminal en Soledad y otras zonas del área metropolitana, pero, sin dudas, el atentado a Digno Palomino en la cárcel de La Dorada, Caldas, desataría una venganza criminal y dispararía las muertes acá en Atlántico en el segundo semestre del año.
Precisamente esta semana la muerte de Esperanza Estupiñán de Peralta, madre de alias Otón, cabecilla de un ala criminal de ‘los Costeños’, sería la respuesta por ese intento de homicidio contra Digno Palomino, jefe de ‘los Pepes’. Palomino y alias Otón están presos en el mismo penal.
Periodo prelectoral
Hace unos meses, en medio de un espacio de diálogo en la Universidad del Norte sobre la seguridad en el departamento del Atlántico, el profesor e investigador académico Janiel Melamed señaló que este 2025 tendrá unos desafíos en temas de seguridad por cuenta del periodo prelectoral.
Se refirió a actores armados ilegales que podrían mover sus capacidades operativas, sus capacidades de financiamiento y su injerencia en sus territorios sobre la población para tratar de incidir políticamente y electoralmente en los resultados que les favorezcan, no solo en el plano del mantener el portafolio de actividades criminales sino en otras pretensiones.
Sobre esto también deben centrar las autoridades sus capacidades.
