En la tarde de este viernes 2 de abril continuó el proceso judicial, aún en etapa de audiencias preliminares, contra los 18 capturados que, según investigación de la Fiscalía, estarían involucrados en el robo sistemático de tierras mediante falsificación de documentos, suplantación de propietarios y maniobras jurídicas ilegales, principalmente en el municipio de Soledad y otras zonas del departamento del Atlántico.
La fiscal octava ante la Dirección Especializada contra la Corrupción, encargada de la investigación, dio continuidad a la imputación de cargos contra los indiciados Marlon Mora Montesino, inspector de Policía de Soledad; Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Rafael Díazgranados, funcionario jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad; Iván Carlos Páez Redondo, registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad; y David De Castro Macías, exregistrador de Soledad.
Pero además a Neissy Cantillo Del Toro, ex inspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Aminta Salas Palencia, con ese mismo oficio; José Márquez Monterrosa, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Enrique Bossio Pinzón, abogado; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular; Luis Peñaloza Rojas, supuesto poseedor irregular, y Roque José Lugo, presunto testigo falso.
Recordemos que la decimoctava detenida y procesada dentro de esta misma investigación es la notaria segunda de Soledad Ana Dolores Meza Caballero, quien se imputó días atrás ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.
En la diligencia, que se desarrolló vía virtual y se emitió por el canal de You Tube del portal noticioso especializado en temas judiciales Focus Noticias, la agencia fiscal expuso ante el juez muchos más detalles de lo que ya se había divulgado con referencia a la investigación llamada Gaia, en la cual participaron dos fiscales de apoyo, miembros de la Dijín e ingenieros expertos vinculados al CTI de la Fiscalía.
En su momento, las autoridades revelaron que la planteada estructura criminal llevaba al menos dos años operando con total impunidad. A través de escrituras fraudulentas, registros adulterados y testigos falsos, los implicados lograban presuntamente apropiarse de terrenos públicos y privados, para luego venderlos a terceros de buena fe o simplemente reclamarlos como propios. Uno de los casos más indignantes, de acuerdo con lo señalado por la autoridad, fue el intento de despojo de un predio destinado a la construcción de un megacolegio en Soledad, un proyecto clave para la educación de la zona que estuvo a punto de quedarse sin terreno por cuenta del fraude.
En tal sentido, la representante de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó falso testimonio, fraude procesal, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, estafa agravada, invasión de tierras, falsedad en documento público, urbanización ilegal, peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, prevaricato por acción o prevaricato por omisión. En total 13 delitos, eso sí, imputados de manera distinta a cada uno de los procesados.
Sin embargo, luego de la intervención de la Fiscalía en la noche de este viernes, ninguno de los señalados aceptó los cargos.
Por otro lado, la Fiscalía insistió en que los detenidos sí conformarían un grupo de delincuencia organizado o GDO, pues estos tendrían roles específicos “en una actividad multicriminal urbana regional y municipal”. Además, la representante del ente investigador asoció los nombres de las estructuras criminales de ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’ con “participación e incidencia” en dicho GDO.
Al cierre de la imputación, cada uno de los abogados de los imputados solicitaron a la Fiscalía aclarar o especificar, uno por uno, los delitos imputados a sus defendidos. Y, de inmediato, la petición se adelantó de manera detallada por el ente investigador.
La fecha de audiencia de imposición de medida de aseguramiento quedó programada para el próximo jueves 8 de mayo del 2025, a partir de las 8:00 de la mañana.
