La Procuraduría General de la Nación, en el marco de su misión de protección de los derechos humanos, insta a las entidades competentes a tomar medidas urgentes para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad, PPL, en estaciones de policía y centros de reclusión del Atlántico.
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En una labor de seguimiento a la garantía de los derechos de los reclusos en el distrito y cuatro municipios más del Atlántico, el ente de control evidenció altos porcentajes de hacinamiento, como es el caso de las estaciones de Policía de Soledad 2.000 (387 %) y San José, Barranquilla (380 %).
Durante la brigada de visitas a 9 estaciones de Policía, 2 Centros Transitorios de Detención, 2 Centros de Rehabilitación y 2 Centros de Atención Inmediata (CAI) ubicados en Barranquilla, Puerto Colombia, Malambo, Soledad y Galapa, se encontraron deficiencias en las condiciones de reclusión de esta población.
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Tras la verificación, la entidad identificó falta de infraestructura, acceso limitado al agua potable, higiene deficiente, carencia de atención médica permanente y déficit en la alimentación en varios centros, por cuanto la comida es insuficiente y depende en gran medida de aportes externos.
En el marco de esta actuación preventiva, inicialmente, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla requirió un informe a los mandatarios de Soledad y Galapa sobre los planes de financiación previstos en la presente vigencia, para mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas en detención preventiva, que se encuentran en las estaciones de policía de sus municipios.
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Así mismo, deberán reportar si al 12 de febrero de 2025 tienen convenios interadministrativos de integración vigentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de garantizar el traslado y reclusión de las personas que se encuentran en calidad de condenadas en las diferentes estaciones de policía del municipio.
Finalmente, la Procuraduría recordó que los alcaldes son la primera autoridad de policía de los municipios, a quienes corresponde conservar el orden público y, por tanto, deben asegurar el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de detención preventiva de los habitantes de sus territorios.
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