El pasado sábado 8 de febrero fue asesinado en el municipio de Córdoba Tetón, en Bolívar, el ganadero Eduardo Rafael Méndez Romero, quien estaba por cumplir los 80 años de edad.
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El hombre, aún vigente en la actividad comercial ganadera para quienes lo conocieron, estaba en la entrada de una finca, localizada en cercanías del corregimiento La Sierra, zona rural de la población en mención, cuando fue sorprendido por sujetos en moto que supuestamente portaban un fusil AR-15.
Los individuos se acercaron hasta la camioneta donde iban Méndez Romero y su hijo, este último conduciendo, y dispararon en repetidas ocasiones, bajo un actuar similar al de los extintos paras. Los impactos del arma de largo alcance habrían hecho blanco en las ventanas y en la carrocería de una Toyota Hilux.
En un intento por repeler el ataque, el hijo del ganadero habría disparado un arma, pero no logró su cometido.
Por su parte, Méndez Romero recibió un balazo a la altura del cuello y gravemente herido fue trasladado por su familiar hasta un centro asistencial, donde confirmaron su muerte.
La Policía de Bolívar, en una comunicación interna sobre lo ocurrido, amplió que los hechos se presentaron en momentos en que Méndez Romero estaba en una camioneta de su propiedad, en su finca ‘Santa Inés’, cuando llegaron sujetos armados en motocicleta y, sin mediar palabras, “desenfundan arma de fuego disparando varias veces contra la víctima”.
La autoridad detalló que en el sitio se halló un cartucho calibre 5,56; una vainilla del mismo calibre y una vainilla calibre 9 milímetros, elementos que aparentemente validarían que sí hubo un intercambio de disparos en el lugar.
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Además se indicó que Méndez Romero presentaba tres anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, dos como víctima de amenazas, y otra más como indiciado por el delito de fabricación, tráfico o portes de armas de fuego.
La institución armada hizo claridad en que la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes de las AGC tiene injerencia en la zona y reveló que la investigación de este homicidio quedaba a cargo del CTI de la Fiscalía.
Las reacciones por lo ocurrido no se hicieron esperar y, a través de un comunicado, la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, rechazó el asesinato del asociado.
“La ganadería está de luto. Lamentamos y condenamos el asesinato del ganadero Eduardo Méndez Romero ocurrido en su municipio de residencia Córdoba Tetón, en el departamento de Bolívar. Pedimos a las autoridades esclarecer pronto estos graves hechos para que acabaron con la vida de este padre de familia de 79 años. Rechazamos y condenamos la violencia e inseguridad en el que se hunde nuevamente el campo colombiano”, plasmó Fedegán en sus canales de difusión.
Si bien las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer el hecho, asociado de manera inicial a un presunto caso de extorsión hacia las víctimas, personas con autoridad en la región no dejaron pasar por alto las viejas vendettas de Los Méndez, un clan familiar conformado por Eduardo Rafael y su hermano José Manuel, el cual, con apoyo de muchos hombres armados, crearon supuestamente desde los 80 para hacerle frente a la subversión y al actuar del temible Frente 37 de las Farc en los Montes de María.
Un viaje al pasado
El Centro Nacional de Memoria Histórica, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) del Gobierno, a través de la publicación “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra”, documentó la presencia del clan de Los Méndez en El Carmen de Bolívar y de una primera incursión de los paras en este territorio.
Fue el 23 de marzo de 1997 —en un evento inicial que luego conectaría con esa masacre de febrero de 2000—, cuando un grupo de 50 paramilitares llegó en varios vehículos al corregimiento de El Salado y reunió a gran parte del pueblo en la plaza central.
Allí sacaron una lista con los nombres de sus víctimas y las asesinaron: Doris Mariela Torres, profesora y líder comunitaria; Néstor Arrieta y Álvaro Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal. También mataron a José Esteban Domínguez y a su hijo por intentar defender a la docente. A ellos se les vinculaba arbitrariamente con las Farc. Además de las muertes, los paramilitares quemaron una tienda, propiedad de la maestra, y un supermercado ubicado al lado de la plaza central.
Esta masacre provocó el desplazamiento de cerca de 7.000 habitantes, que para ese entonces era el total de la población del El Salado. Unos 4.000 de ellos retornaron tres meses después, pero fueron nuevamente desplazados en la masacre del 2000.
El pueblo sindicó en aquel entonces a Los Méndez como los responsables de la incursión paramilitar, luego de lo cual atacaron una de sus propiedades matando a sus empleados, quemando su vivienda y robando su ganando.
En esa línea, la Fiscalía vinculó a Eduardo y José Méndez como autores intelectuales de esa primera masacre, y los envió a la cárcel en julio de 1998. No obstante, los dos fueron absueltos por el Juzgado Único Especializado de Cartagena luego de cuatro años tras las rejas.
La salida de prisión de los hermanos Méndez y el rumor generalizado que siguió a esa medida fue el anuncio de una supuesta venganza contra el pueblo de El Salado, acusándolos de que sus testimonios habían provocado su encarcelamiento, y su sentencia era que del mismo “sólo iba a quedar para dar ahuyama”, algo que quedó en la memoria de los pobladores.
Días de terror
La libertad de Los Méndez el 4 de enero de 2000 y la ocurrencia de la masacre desde el 16 de febrero hasta el día 21 fueron conectadas causalmente como la materialización de su venganza: la percepción de los habitantes de El Salado es que aquellos salieron de la cárcel para reunirse con los comandantes paramilitares y para planear el ataque.
Al menos 450 paramilitares ingresaron a El Salado sembrando el terror en la población, torturando y asesinando a al menos 63 víctimas en la cancha de microfútbol donde fueron reunidos todos los habitantes y obligados a presenciar la barbarie mientras sonaban gaitas y tambores.
En los testimonios recogidos por los sobrevivientes se reveló que los paramilitares portaban armas de corto y largo alcance, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y emplearon vías terrestres, fluviales y aéreas para ingresar y desplazarse por la región.
Se alegó que las AUC ultimaron a las víctimas con armas de fuego, las degollaron con armas blancas, las decapitaron, las ahorcaron, las golpearon con un martillo de gran tamaño o cubrieron su cara con una bolsa de plástico y les dieron el “tiro de gracia”. Asimismo, se indicó que antes de ser ejecutadas, a algunas de las víctimas se les mutiló partes del cuerpo, y otras fueron forzadas a desnudarse, ponerse de rodillas o bailar frente a los muertos.
En los registros históricos se indicó que entre las víctimas se encontraba la niña Helen Margarita Arrieta Martínez, de seis años de edad. Los paramilitares la capturaron, lo mismo que a la señora Pura Chamorro y las colocaron bajo el sol, sin acceso a agua o alimentos para la niña. Luego de permanecer tres días en estas condiciones, la niña falleció. Asimismo, se indicó que varias mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual por parte de los paramilitares.
Con el paso de los años, tras desmovilizaciones y postulaciones de los paramilitares a la Ley de Justicia y Paz, entidades del Estado como la Comisión de la Verdad han tratado de propiciar espacios de perdón y reconciliación entre víctimas y victimarios.
Con la conmemoración de los 20 años de la masacre, Uber Enrique Banquez Martínez, conocido para aquel entonces como el comandante Juancho Dique, tuvo un encuentro cara a cara con dos víctimas directas: “Así como tuve el valor de llegar a El Salado a hacer el daño, así tengo el valor ahora de pedirle perdón a las víctimas. Y me siento también orgulloso de haber recuperado a mi familia que dejé abandonada por la guerra”, dijo el excombatiente de las AUC. Además, sostuvo que “la verdad es lo más grande que hay para seguir construyendo y manteniendo la paz”.
¿Hay otras interpretaciones?
En el caso de la masacre, así como se reconstruyeron los hechos y se recuerdan a las víctimas y a presuntos victimarios, también surgieron otras hipótesis sobre los móviles de la violenta incursión.
Aparte de la supuesta venganza de Los Méndez, el Centro Nacional de Memoria Histórica documenta que existen otras interpretaciones de lo que pudo haber suscitado la furia de las AUC.
Una de esta es la “maldición de Santander Cohen”, el hombre más rico de la población que acabó muerto en 1995 en manos de la guerrilla. Las Farc lo emboscaron y cuando estaba saliendo de El Salado se quitó su sombrero y profirió una maldición indicando que en esta población “solo quedarían mujeres viudas”.
Otra versión fue la del supuesto robo a la fallecida empresaria del chance Enilce López, con lo cual se dijo que la masacre había sido en retaliación por el hurto de 450 reses en el municipio de Ovejas, Sucre, y que supuestamente las condujeron con dirección a El Salado.
Además apareció a partir de una posible estigmatización del corregimiento de El Salado como pueblo guerrillero, lo cual explicaría que los ‘paracos’ hayan obrado con tanta crueldad y sevicia.
Las autoridades siguen investigando el asesinato de Méndez Romero, con conexiones iniciales hacia el crimen organizado, mientras las víctimas y sobrevivientes continúan buscando justicia por las atrocidades sufridas.
