En una audiencia que se desarrolló virtualmente este viernes 24 de noviembre el juez Tercero Penal del Circuito de Barranquilla resolvió una apelación interpuesta por la Fiscalía por la medida no privativa de la libertad concedida a Omar Alexander Ladino Vargas, conocido como el ‘Señor del Portafolio’ y quien meses atrás fue capturado por la Policía por su presunta participación en la estructura criminal ‘los Costeños’ como 'jefe del brazo financiero'.
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Todo se remonta a marzo del presente año, cuando el juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, José Sastoque, no decretó medida intramural contra el procesado, pero sí ordenó una serie de castigos contra el empresario bogotano de 41 años de edad y acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado con desplazamiento forzado.
En tal sentido, el togado manifestó que la medida solicitada para el capturado no era 'idónea o viable', por lo que optó por la 'no privativa de la libertad', así como 'una vigilancia policial en su lugar de residencia, presentarse periódicamente a la Policía, Fiscalía y el juzgado que lo requiera'.
Además de eso, Ladino Vargas no 'podía salir del país, pero no por peligro de fuga sino para brindarles garantías a las víctimas'. Esto con relación a que este debe pagar una caución a cada una de las personas que denunciaron en su contra por un valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo equivalente a unos 60 millones de pesos. De igual manera dejó claro que 'La libertad del procesado estaba sujeta al pago previo de la caución impuesta'.
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Incluso, el juez Sastoque hizo referencia a la investigación adelantada por la Fiscalía y por los miembros de la Policía que actuaron en esta, cuestionándola en algunos conceptos como en la información aportada por testigos y por datos publicados en la prensa sobre este.
Tal posición llevó al juez a un espacio de críticas en el que hasta el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, cuestionó la decisión adoptada a favor del hombre señalado de múltiples delitos cometidos en la ciudad y su área metropolitana.
Pero ahora, en la nueva vista pública, el togado de segunda instancia revocó la medida impuesta por el juez primero penal, dejó sin efectos la caución y ordenó la cancelación del pago a víctimas, así como ordenó la detención inmediata del individuo y su traslado a centro de reclusión.
