Nada es nuevo. Todo lo que ocurre en la capital del Atlántico y su área metropolitana con el tema de las extorsiones hacia el gremio del transporte público urbano y otras formas de negocio es la continuación de un viejo ataque de las bandas criminales hacia empresas locales, con el fin de apropiarse de sus rentas legales a través de la intimidación o la amenaza.
Si bien las autoridades han tratado de contener en los últimos 10 años las arremetidas de dos de los grupos que operan en la zona: ‘Costeños’ y los ‘Rastrojos Costeños’, sumando capturas y el decomiso de armamento y munición, entre otros elementos, siempre vuelven a aparecer en escena actores criminales para sembrar el terror con atentados y el envío de panfletos.
'Lo que estamos presenciando en Barranquilla y su área metropolitana es la continuación de una competencia armada que se inició años atrás entre organizaciones criminales (Costeños, Rastrojos-Costeños y AGC) por el control territorial y la administración de rentas ilegales y la predación de rentas legales por medio de la extorsión', explica el docente de la Universidad del Norte e investigador en temas de seguridad Luis Trejos.
Coolitoral, Sobusa y Coochofal, tres de las actuales 25 empresas del transporte público urbano de Barranquilla y su área metropolitana, han tenido a lo largo de los últimos años varios episodios relacionados con ataques de grupos armados ilegales a sus empleados y a su parque automotor.
En el caso de Sobusa existen registros de intimidaciones en 2002, de las antiguas Autodefensas, pero el entonces director del extinto DAS, Emilio Vence Zabaleta, logró 'cortar de raíz' el problema.
