La emergencia sanitaria causada por la covid-19 contribuyó para que en varios aspectos de la vida cotidiana se incrementara el uso de los medios y recursos virtuales. La justicia no escapó de ese contexto donde fue necesaria la implementación de medidas para garantizar el desempeño no solo de lo concerniente en lo penal, sino en toda la rama judicial.
Muestra de ello fue el Decreto 806 del 2020 que expidió el Gobierno, con el que se estableció que los servidores judiciales trabajaran, preferencialmente, desde sus casas mediante el uso de las tecnologías; además que en la recepción, gestión, trámite y decisión de las actuaciones judiciales y administrativas, si corresponde, se privilegiarán los medios digitales.
El decreto también instó para que los jueces utilizaran los medios digitales para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitieran a las partes, abogados, terceros e intervinientes actuar en los procesos mediante los medios tecnológicos disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias.
Precisamente este ejercicio fue como 'un ensayo' que permitió que una gran parte de los actores de la justicia pudieran experimentar los beneficios que esta modalidad podría traer no solo a los intervinientes, sino al sistema en sí, es por ello que el pasado 7 de junio el Congreso logró la conciliación del proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los trámites virtuales en la justicia, incluyendo la penal, con algunas excepciones.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, impulsó el proyecto teniendo en cuenta los beneficios que le trae al ciudadano la posibilidad de radicar las demandas y tutelas desde su computador y que, así mismo, reciba las respuestas pertinentes de los despachos judiciales.
Lo anterior es solo una de las partes de este proyecto que el funcionario ha abanderado en los últimos dos años para jalonar recursos para modernizar los sistemas que permitan materializar la justicia virtual. En una reciente visita a Barranquilla, Ruiz anunció que la primera fase de este proyecto ya arrancó.
'Este inmarcesible reto pretende no solo la digitalización desde la Rama Judicial, sino también a entidades del Ejecutivo con funciones jurisdiccionales, es decir, se trata de acceder a la justicia de forma universal, fácil, transparente, soluciones rápidas que permitan lograr una sociedad más equitativa y a un ámbito de paz con legalidad', dijo el ministro en diálogo con EL HERALDO.
