La adecuación de las condiciones de seguridad del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está demorando que Cabo Verde le ponga bajo arresto domiciliario, en lugar de su actual prisión preventiva en una cárcel, confirmó hoy a Efe la defensa.
El empresario fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), a la que pertenece Cabo Verde, dictaminó el pasado 30 de noviembre que este país insular debe poner bajo arresto domiciliario a Saab, que alega problemas de salud que requieren la atención de un médico fuera de la cárcel.
La corte, con sede en Abuya (Nigeria), ordenó a Cabo Verde aliviar el encarcelamiento del supuesto testaferro, al estimar que la Justicia caboverdiana 'actuó fuera de su jurisdicción' cuando lo detuvo para responder a una solicitud de extradición de EEUU.
El tribunal también reconoció su condición de 'enviado especial' de Venezuela, argumento que usa la defensa para sostener que la detención de Saab es ilegal porque 'tenía derecho a la inviolabilidad personal' debido a ese estatus.
Una demora para garantizar la seguridad de Saab
Sin embargo, las autoridades caboverdianas no han ejecutado todavía la orden del Tribunal de la CEDEAO, comunicada a las partes el 2 de diciembre.
'Espero que (las autoridades caboverdianas) cumplan, a más tardar el jueves, con la decisión de un órgano del que el país es parte, siendo la orden vinculante y con efectos inmediatos', dijo hoy a Efe José Manuel Pinto Monteiro, abogado defensor de Saab.
Pinto Monteiro desestimó que la demora responda a motivos políticos o a la mala voluntad del Gobierno de Cabo Verde y atribuyó el retraso a la necesidad de garantizar la seguridad de su cliente.
'Creo que, dado que hay condiciones de seguridad que deben garantizarse y proporcionarse bajo supervisión del Estado, deben estar preparando estas mismas condiciones para que el nuevo régimen de detención del señor Saab pueda materializarse', afirmó.
Según el abogado, 'ningún otro tema, sea judicial o político, fue invocado por las autoridades caboverdianas para el aplazamiento'.
Por tanto, recalcó, 'habiendo reconocido Cabo Verde la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la CEDEAO, no hay razón para pensar que Cabo Verde no va a cumplir con la orden'.
Si hay nuevos retrasos o ante una eventual negativa a ejecutar el auto, el abogado indicó que puede solicitar al presidente de la Comisión de la CEDEAO (máximo órgano ejecutivo de la Comunidad) que formalmente requiera su cumplimiento a las autoridades caboverdianas
'Los tratados de la CEDEAO -especificó- prevén sanciones en caso de incumplimiento de las decisiones de sus órganos. Tales sanciones pueden ser de orden político, judicial y económico'.
La defensa presentó el pasado mes ante la Justicia caboverdiana dos recursos -uno desestimado y otro pendiente de resolución- para obtener la libertad del presunto testaferro al argüir que se superó 'el periodo máximo permitido para permanecer en prisión', pues el empresario lleva en prisión preventiva desde el 14 de junio.
El exjuez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, afirmó entonces que 'el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, bajo la legislación caboverdiana, es de ochenta días'.
El Gobierno y un tribunal caboverdianos han aprobado la extradición del empresario, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia.
Perfil bajo en Colombia antes de 2017
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab, que el próximo día 21 cumplirá 49 años, apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con 'cientos de millones de dólares'.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
