Hace poco más de un año, el nombre de Aida Merlano ocupó la agenda mediática en el país, luego de que se conociera que la excongresista se había fugado de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. Pero 'la libertad' no le demoró mucho, pues el 27 de enero de este año fue capturada en territorio venezolano; es decir, que hoy se cumplen 9 meses de su detención sin que se conozcan nuevos detalles y avances de su proceso.
Los agentes realizaron la detención con base a una notificación roja de Interpol, de fecha 30 de noviembre de 2019, que había emitido la oficina central de Bogotá, referente a los delitos de: 'municiones, componentes, armas de fuego, armas o explosivos/ organización, asociación o grupo delictivo', pero la alerta, aparentemente, no explica si Merlano tendría alguna relación con el tráfico, porte o fabricación del armamento del que se menciona.
EL HERALDO conoció en exclusiva el expediente signado con el número 13C-26176-20, que reposa en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que contempla los pormenores de la captura de la excongresista, pero no menciona –por ningún lado– la palabra extradición, a pesar de que sí se reconoce que 'ha sido vinculada o relacionada, con la comisión de delitos cometidos en la República de Colombia'.
El documento no expone ni detalla si Aida Marlano había sido solicitada en extradición por parte de Colombia, o si la justicia venezolana tendría la intención de extraditarla, como sí se hizo en los casos de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, y de Digno Palomino.
En estos donde últimos casos el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores del vecino país notificó a Bogotá 'del término perentorio de noventa (90) días para presentar la solicitud formal de extradición' contra ambos hombres.
Pese a lo anterior, dos días después de la captura de Merlano en Venezuela, la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, señaló que el proceso a seguir era notificar a la Corte para que iniciara los trámites de extradición, para que ese alto tribunal remitiera los documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores que enviaría la petición oficial de extradición al gobierno venezolano.
El expediente de Merlano en Venezuela tuvo entrada al TSJ el 4 de febrero de 2020, y se designó como ponente al magistrado Maikel Moreno Pérez, presidente de esa Corte, por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien entregue información que conduzca a su arresto por participar en crimen organizado transnacional.
Estando el expediente en el TSJ, Merlano acudió el 6 de febrero a un audiencia 'especial' ante un estrado de Caracas y tan solo un día después la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia colombiana solicitó al Gobierno de Duque que pidiera ante Venezuela la extradición de la excongresista.
La Corte señaló que la solicitud se podría hacer bajo un acuerdo bolivariano de 1911 en el que figuran los países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, con el fin de que la barranquillera pague los 15 años de cárcel a los que la condenó el máximo tribunal de la justicia ordinaria colombiana en septiembre pasado por delitos electorales.
Pero a finales de febrero, la Fiscalía y la Corte Suprema acordaron que 'no enviarán funcionarios de ninguna clase a territorio venezolano' para escuchar a la excongresista o practicar pruebas en las declaraciones que rindió en esa audiencia especial.
