A través de una carta enviada a todas las autoridades judiciales y administrativas de Barranquilla, el Tribunal Superior del Distrito ordenó que se rindiera un informe detallado sobre el estado de los ciudadanos detenidos en las carceletas de la URI de la Fiscalía y el Centro de Servicios Judiciales.
Ello se da en respuesta a una tutela interpuesta por los procuradores judiciales penales Dilma Nazzar Lemuz y Eduardo Benavides González, contra el Inpec, la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía Distrital, por la supuesta 'vulneración de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria' antes mencionados.
En el documento, fechado el 28 de mayo de 2020, el Tribunal indicó que en las 12 horas siguientes a la notificación del mismo, las autoridades deberán 'rendir un informe claro, sucinto, detallado' sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos y que, de no enviar dicho informe, se 'presumirá veraces' las vulneraciones denunciadas en la acción de tutela.
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Asimismo, en el documento se ordena a la Alcaldía de Barranquilla convocar, en un término máximo de 48 horas, una mesa de trabajo interinstitucional para conversar sobre 'la crisis de los centros Provisional de Retención', en la cual deberán participar todas las autoridades intervinientes en los procesos judiciales de los detenidos.
El documento de admisión de tutela y disposiciones fue enviado a María Alexandra García Forero, directora Inpec Regional Norte 3; a la Unidad De Servicios Penitenciarios Y Carcelarios (Uspec), al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la Secretaría de Gobierno Distrital. También a la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación y su Seccional Atlántico; a la gobernadora Elsa Noguera; al juez Camilo Pardo, coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla; a la Procuraduría Regional del Atlántico y la Provincial de Barranquilla; al personero Distrital De Barranquilla; a la Defensoría Del Pueblo Regional Atlántico; y a las tres cárceles de la ciudad; entre otras entidades del orden nacional, incluidas el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República.
